Omar Cruz Reyes, presidente municipal de Medellín, Veracruz, está “oculto” ante la posibilidad de que sea detenido por la Procuraduría estatal al señalarlo como presunto autor intelectual del plagio y asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, periodista y activista desaparecido desde el pasado 2 de enero.

 

El miércoles, el juez Quinto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz dictó auto de formal prisión contra el ex policía Noé Rodríguez Martínez por su probable responsabilidad en el asesinato del periodista.

 

En su declaración, Rodríguez indicó que Martín López Meneses, subdirector de la Policía municipal de Medellín, le habría ordenado el homicidio a petición del alcalde.

 

Mientras que otros tres ex policías, acusados de cómplices, rindieron su declaración y negaron las imputaciones. Afirmaron que conocían al periodista, pero rechazaron que hayan participado en su asesinato.

 

Cruz Reyes no se ha aparecido a despachar desde la presidencia municipal desde hace unos 15 días, de acuerdo con el reporte de medios locales. Al respecto, su abogado, Sergio Vaca Betancourt dijo que su cliente no se encontraba prófugo, sino que simplemente, y por órdenes de él mismo, se habría ocultado en la entidad para evitar su posible detención.

 

Sin embargo, para proceder jurídicamente contra el edil, el procurador estatal, Luis Ángel Bravo Contreras, debe ratificar la solicitud de juicio de procedencia, lo cual hizo público a inicios de la semana, cuando informó sobre la detención del autor “confeso” del crimen.

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Nicolás Callejas Arroyo, informó ayer que el fiscal tiene hasta hoy para ratificar, y después se turnará a la comisión de gobernación, justicia y puntos constitucionales. Una vez que sea procedente se contarán con tres días para notificar a las partes involucradas a fin de dar audiencia al propio edil panista para que presente pruebas y alegatos.

 

Siguen dudas

 

Luego de casi un mes de la desaparición de Moisés Sánchez, familiares y organizaciones civiles persisten en dudar sobre los resultados de pruebas y exámenes genéticos que según la PGJE confirman la identidad de los restos humanos hallados el sábado pasado pertenecen a los del comunicador.

 

“Preocupa gravemente la identificación de un patrón en el actuar de las autoridades estatales y federales frente a un caso de desaparición, iniciado por la falta de diligencia en las primeras horas de la desaparición, seguido de la falta de información oportuna y veraz a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación, y la conclusión de las líneas de investigación con resultados basados en confesiones”, acusó Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

 

Pese a la insistencia de activistas y los propios familiares de la víctima, la Procuraduría General de la República no se ha pronunciado por su participación en el caso, toda vez que su homóloga estatal reiteró en una segunda conferencia de prensa que las pruebas de ADN habían corroborado el dictamen de huella dactilar de que el cadáver es de Moisés Sánchez