OAXACA. Los residentes del caserío de Santa Úrsula comenzaron a preocuparse cuando empezó la tala de árboles. A las pocas semanas, la vegetación a lo largo de casi dos kilómetros había desaparecido para abrir camino a maquinaria pesada de dragado.
Era el 2010 y recién comenzaba el trabajo en un ambicioso proyecto a tres años, de 30 millones de dólares, que contemplaba la construcción de una planta hidroeléctrica de 15 megavatios adyacente a la represa del Cerro de Oro, con apoyo de una agencia gubernamental estadunidense.
Acto seguido vinieron las explosiones para abrir un túnel entre las rocas a ser usado para alimentar las turbinas. En Santa Úrsula, ubicada a 2.4 kilómetros de distancia, tembló la tierra y surgieron grietas en varias viviendas, según los residentes. Finalmente comenzó a salir agua turbia de las canillas y los lugareños empezaron a pensar lo peor: se había contaminado el manantial de la montaña que suministraba el agua potable a casi dos mil personas y alimenta un arroyo clave para la zona.
“Para nosotros el arroyo es la vida”, expresó Federico Cohetero, agricultor de Santa Úrsula, un caserío del estado de Oaxaca a seis horas de auto al sudeste de la Ciudad de México.
El proyecto era financiado en parte por la Overseas Private Investment Corp. (OPIC), una dependencia del gobierno estadunidense poco conocida pero con un alcance global. Esa dependencia aportó un préstamo garantizado de 8.5 millones de dólares, que formaba parte de una partida de 60 millones a ser usada en proyectos energéticos en América Latina.
La inquietud en torno a las explosiones y el agua desencadenó protestas que dejaron el proyecto en suspenso. Hacia fines del 2011, los manifestantes cantaron victoria y demostraron que es posible impedir proyectos de desarrollo en un país donde generalmente esas iniciativas se hacen realidad incluso si los residentes locales se oponen.
La batalla dio a su vez una idea del impacto que pueden tener proyectos de desarrollo apoyados por la OPIC. Esos proyectos, que buscan promover progreso económico, han generado protestas en Liberia, México y Chile, según un estudio de The Associated Press. Pese a que financia obras por valor de tres mil millones de dólares todos los años, se habla poco de la OPIC y sus manejos no están muy supervisados. Ésta indicó que sus proyectos generan miles de puestos de trabajo y mejoras en el medio ambiente, pero no suele revelar el estatus de sus iniciativas.
En México, fueron las protestas comunitarias las que sacaron el tema a la luz.
Gabino Vicente, funcionario municipal de Santa Úrsula que hace de enlace con el gobierno, les mostró a periodistas de la AP la zona donde se talaron los árboles. Todavía no hay árboles, aunque la presencia de césped alto y de arbustos indica que se está produciendo una recuperación gradual. Junto al arroyo hay un canal que parece una zanja lleno de rocas, que estropean un paisaje dominado por un frondoso follaje verde.
“Cuando empiezan a talar los árboles del Arroyo Sal … es cuando entendemos la magnitud del daño que estaban empezando a ocasionar” con el proyecto, declaró Vicente.
OPIC y el contratista, Conduit Capital Partners LLC, de Nueva York, defendieron la iniciativa. Empleados de OPIC visitaron el lugar y contrataron expertos para que evaluasen el impacto en el medio ambiente. Aseguró que el contratista suspendió el proyecto en un gesto de buena voluntad.
Conduit Capital Partners, que se asoció con empresas locales de México, afirma que la conversión de la represa es una gran oportunidad perdida.
“Lamentablemente tuvimos que declararlo pérdida total”, dijo George Osorio, socio de Conduit.
Osorio acusó a Accountability Counsel, organización legal de San Francisco que representó a los residentes, de ayudar a matar el proyecto. Sostuvo que “instigó para que la comunidad se opusiese pura y exclusivamente para justificar su existencia”.
Accountability Counsel, por su parte, dijo que ayudó a los lugareños a resistir un proyecto que los afectaba profundamente. “Estaban surgiendo grietas en las casas por las explosiones”, manifestó la directora ejecutiva Natalie Bridgeman Fields, que visitó Santa Úrsula.
Fields dijo que los residentes fueron quienes contactaron a la agrupación, no al revés, y que el daño al medio ambiente hubiese sido mucho más severo de haber continuado el proyecto.
Una historia dolorosa
Para los residentes, la represa Cerro de Oro ya tenía una historia dolorosa antes de que comenzasen las obras en el 2010. Unas 26 mil personas habían sido desalojadas por la fuerza antes de la construcción del dique, que fue inaugurado en 1989. Muchas se fueron a la ciudad costera de Veracruz.
La represa genera inquietudes que vienen de hace rato. Muchos lugareños están convencidos de que el embalse y el río que corre debajo siguen contaminados desde la construcción de la represa original y que en el fondo del lago hay vegetales pudriéndose. El agua que corre por el desagüe original es visiblemente turbia y por momentos tiene una espuma anaranjada o marrón.
Los residentes dicen que desde hace mucho no se le da mantenimiento a la represa y que hay un solo empleado a tiempo completo que opera las esclusas. En una reciente visita había vegetación muy crecida, una cadena herrumbrada y un cartel cubierto de grafitis que decía “Alto. Prohibido el paso. Zona federal”.
La planta hidroeléctrica iba a ser construida en forma directamente adyacente a la represa y al embalse. Se planeaba desviar el agua a través de un túnel. El agua pasaría por las turbinas y desembocaría en el Arroyo Sal.
El arroyo es vital para los residentes que se quedaron cuando se construyó la primera represa o que se vinieron posteriormente.
“Es parte de la identidad cultural de aquí”, expresó Mariana González Armigo, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, una organización civil de la Ciudad de México que analiza las políticas públicas. “Es un arroyo usado para la pesca, para lavar y para actividades recreativas”.
González, directora de un proyecto sobre transparencia y rendición de cuentas, dijo que la OPIC estaba obligada a garantizar que la comunidad no volvería a ser perjudicada. “La mayor parte de la gente se enteró del proyecto cuando comenzaron las explosiones para dragar el arroyo”.
El proyecto fue aprobado, según documentos oficiales, a pesar de que el contrato original contenía cláusulas que prohibían la degradación de hábitats naturales importantes.
“En base a la información disponible, no se han identificado pueblos indígenas ni sitios de la herencia cultural cerca del proyecto”, indicó OPIC. Defensores de la causa de los lugareños, no obstante, dijeron que los pueblos indígenas de la zona sí serían afectados.
En octubre del 2010, siete meses después de comprometerse con el proyecto, la OPIC reforzó sus lineamientos sobre medio ambiente y políticas sociales. El portavoz Charles Stadtlander dijo que la agencia había aumentado sus comunicaciones con los pueblos indígenas, “incluyendo una mayor consideración histórica y social del impacto local del proyecto”. Indicó que “mientras los pueblos indígenas vivan en la zona, no serán directamente afectados por el proyecto”.
Algunos residentes dicen que todavía enfrentan las consecuencias de la fallida planta hidroeléctrica.
Luz María Montor Hernández, de 69 años, es una de las personas que todavía no han reparado las grietas en las paredes que según ella aparecieron cuando comenzaron las explosiones. “La tierra temblaba”, aseguró.
A pesar de que tienen modestos ingresos, en Santa Úrsula la mayor parte de la gente comenzó a comprar agua embotellada después de que la construcción presuntamente contaminó el agua del arroyo. La fuente de agua potable más cercana se encuentra a casi 9 kilómetros. Lo que sale de la canilla tiene lo que parecen ser sedimentos que se están acumulando en el embalse detrás de la represa, según los residentes.
“Limpiecita, sabrosa, cristalina. Así estaba el agua antes”, dijo Montor. “Ahora salen aguas negras. Como que huele un poco mal el agua. El agua no está bien”.
Otros no se preocupan tanto. Mucha gente viene a pescar al embalse y al río y los restaurantes de la zona ofrecen mojarras pescadas allí mismo. Por más que tenga sedimentos y no sea potable, el agua es lo suficientemente limpia como para bañarse, irrigar y ser bebida por los animales.
Osorio, de Conduit Capital, niega que el proyecto haya causado perjuicios y afirma que hubiera generado trabajos y otros beneficios. “Somos buenos ciudadanos en las comunidades locales”, sostuvo. “Esta es la primera vez que nos pasa algo así”.
Un proyecto que genera protestas
Las protestas formales comenzaron poco después de las explosiones. En noviembre del 2010 representantes de residentes de Paso Canoa y Santa Úrsula, en Tuxtepec, Oaxaca, presentaron una queja de 40 páginas a OPIC.
Decían que el proyecto violaba las políticas de OPIC en varios terrenos: No se había revelado debidamente el impacto en el medio ambiente y la salud, no se había consultado a todos los residentes de la zona antes de comenzar la construcción y se habían exagerado los beneficios del proyecto.
Se presentó además otra queja en nombre de los residentes de Los Reyes, comunidad ubicada más cerca del sitio de la construcción, algunos de cuyos habitantes habían firmado acuerdos comprometiéndose a no buscar ayuda de organizaciones de afuera.
Los detractores del proyecto afirman que los constructores habían negociado con los dueños de las tierras directamente en la senda del desagüe, sin decirle nada a los demás.
“Todo el mundo se preguntó, ¿por qué están quitando los árboles del arroyo?”, expresó Cohetero. Cuando la gente pidió información, representantes de la empresa distribuyeron panfletos elogiando la planta hidroeléctrica, agregó.
Vicente, el enlace municipal, dijo que las comunidades llegaron a la conclusión de que el beneficio sería mínimo. Los lugareños tendrían trabajo sólo durante la construcción, que duraría tres años, y la electricidad generada sería enviada a otros estados para su uso industrial.
La construcción se suspendió en febrero del 2011 para que un experto estudiase el impacto del proyecto. La oficina de rendición de cuentas de OPIC analizó el conflicto, pero decidió no iniciar una auditoría formal y se limitó a hacer recomendaciones.
En noviembre, representantes de Paso Canoa, de Santa Úrsula y de Cerro de Oro rechazaron formalmente el proyecto original y el alternativo.
El presidente Enrique Peña Nieto promueve una reforma energética y alienta la inversión extranjera, y Vicente dice que le ha preguntado a las autoridades estatales si volverán a insistir en el proyecto.
“Su respuesta ha sido que no, que ‘no existe la intención de retomar esta obra, pero tampoco la descartamos”’, expresó Vicente, quien no se opone a rajatabla a la planta hidroeléctrica pero dice que las comunidades tienen que ser informadas y que el daño al medio ambiente debe ser limitado.
“Sabemos que la energía limpia es importante”, añadió el agricultor Cohetero. “Pero, ¿qué caso tiene decirse ‘hay energía limpia’ pero a cambio de eso están matando un arroyo?”
GH
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