La falta de acuerdos entre las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso –PRI, PAN y PRD- ha aplazado durante más de dos años la consolidación de un organismo nacional anticorrupción, encargado de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en los tres niveles de gobierno.

 

Fue desde el pasado 15 de noviembre de 2012 que el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, a través de los senadores del PRI y del PVEM, propuso reformas a nueve artículos constitucionales, a efecto de transformar el sistema de rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción; sin embargo, a dos años tres meses de su presentación, este proyecto no ha sido concretado.

 

La iniciativa de reforma constitucional promovida por Peña Nieto planteó originalmente la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción (organismo que sustituiría a la Secretaría de la Función Pública), cuyas funciones serían prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como de cualquier particular, teniendo la facultad de atracción para conocer casos de los estados y municipios.

 

Tras la presentación de este proyecto, PAN y PRD presentaron sendas iniciativas en la materia y no fue sino hasta un año después que se logró consensar la creación de un órgano colegiado especializado en combate a la corrupción, cuya creación fue aprobada por el Senado el 13 de diciembre de 2013 y enviada entonces a la Cámara de Diputados, lugar donde los disensos han hecho imposible que el proyecto concluya su trámite legislativo.

 

 

Fiscalía especializada

 

 

Pendiente también se encuentra la consolidación de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción, cuya creación se oficializó el pasado 12 de marzo de 2014, a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 

Sin embargo, este órgano -que estará adscrito a la también inconclusa, Fiscalía General de la República (FGR)- no ha podido operar debido a que el Senado de la República aún no logra nombrar al fiscal responsable del organismo, cuyas atribuciones serán investigar y perseguir delitos, como peculado o hurto de bienes públicos y enriquecimiento ilícito, únicamente al nivel federal.

 

Desde el pasado 19 de noviembre, la Cámara de Senadores aprobó un acuerdo para emitir la convocatoria, a través de la cual se elegiría al titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción. Casi un mes después -el 8 de diciembre- las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Justicia desahogaron las comparecencias de los 33 candidatos inscritos para competir para el cargo; sin embargo, no se logró consenso para elegir a uno de los postulantes.

 

Al día de hoy, al no existir un acuerdo en torno a alguno de los aspirantes registrados, el Senado repondrá el procedimiento para elegir al Fiscal Anticorrupción. Según lo informó el presidente del Senado, Miguel Barbosa, al reponer el procedimiento, nuevamente se llevaría a cabo un registro de los interesados, en donde podrán volver a participar quienes ya lo hicieron.