Las nuevas regulaciones para evitar el conflicto de interés deben incluir un exhaustivo control de reuniones y actividades laborales de funcionarios, antes, durante y después de ejercer su cargo, según las mejores prácticas establecidas por la OCDE.

 

Además de las declaraciones de las relaciones de funcionarios con empresas que implementará el gobierno federal, también se recomienda una plena identificación de “factores de riesgo” para prevenir la implicación de algún funcionario en actos ilícitos o irregulares.

 

La OCDE recomienda en su guía para manejar el conflicto de interés en el servicio público que los funcionarios deben detallar la agenda de reuniones que realizarán en su gestión por adelantado y proporcionar registros detallados de su relación con entidades ajenas a su trabajo en el gobierno.

 

En caso de existir algún conflicto durante su gestión, el hecho debe transparentarse de inmediato y ser informado a cualquier parte afectada antes que el funcionario tome una decisión.

 

También recomienda que, además de estos procedimientos, los funcionarios deben someterse a una exhaustiva revisión, que incluya “factores de riesgo”, los cuales tienen el objeto de predecir si el servidor público podría estar implicado en algún conflicto, aun cuando no exista una acusación directa en su contra.

 

Algunos de estos factores es declarar el empleo que realicen ajeno a la función pública, llevar cuenta la información privilegiada que obtengan por su trabajo en órganos públicos y a qué sectores podría beneficiar, además de cruzar esta información con la preparación, negociación y manejo de contratos con la iniciativa privada.

 

La OCDE indicó que se debe vigilar las expectativas de la propia familia e incluso de la comunidad del servidor público para detectar conflictos de interés o beneficio a algún grupo determinado.