WASHINGTON. El sacerdote michoacano Gregorio López Gerónimo, conocido como padre Goyo, urgió al gobierno de Estados Unidos frenar el envío de armas a México a través del Plan Mérida que dijo y denunció la supuesta implicación del crimen organizado en el gobierno.
“Pedimos el alto a las armas que llegan a México dentro del Plan Mérida”, explicó el sacerdote de 46 años.
“Estas armas hechas en EU están cayendo en manos no solo del Ejército, también de los grupos delictivos”, agregó mientras activistas que lo acompañan desplegaron una pancarta con la leyenda “Plan Mérida: EU pone las armas, México pone los muertos”.
Al iniciar una gira por Estados Unidos, el párroco de Apatzinagán denunció que en México el gobierno está implicado en la delincuencia y lo señaló como responsable de la ola de violencia que vive el país.
“Hoy por hoy el gobierno mexicano tiene como objetivo a los estudiantes, hoy en México duelen más los proyectos que los proyectiles. Nos gobierna el crimen organizado”, indicó en rueda de prensa ante un reducido grupo de periodistas frente a la Casa Blanca, en DC.
El vicario visita Estados Unidos para denunciar recientes casos de violencia en México, como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, a manos de agentes municipales.
Durante la jornada, el padre “Goyo” prevé reunirse con el senador demócrata Bob Menéndez en el Congreso, a quien explicará los problemas que está generando el Plan Mérida, iniciativa financiada por EU desde 2008, para apoyar con ayuda económica a las fuerzas de seguridad mexicanas en la lucha contra el narcotráfico.
El párroco ha sido una de las principales voces de denuncia contra el cártel Los Caballeros Templarios, que había tomado el control de Apatzingán, por lo que ha sido amenazado de muerte.
Apatzingán, con 130 mil habitantes, es la ciudad más importante de la Tierra Caliente michoacana, una de las regiones en las que los templarios controlaban la economía de la zona, y donde compraban policías y políticos.
En Washington, el sacerdote presentará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, posteriormente, visitará Nueva York para denunciar las actividades de los cárteles de la droga y corrupción en México.