El presidente Enrique Peña Nieto revivió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) -desaparecida en enero de 2013- y la empoderó para encabezar la lucha anticorrupción en el país, cuya punta de lanza será un investigación al propio mandatario, su esposa, Angélica Rivera, y al titular de Hacienda, Luis Videgaray, por el posible conflicto de interés en la compra de propiedades a contratistas del gobierno.
A 85 días de que irrumpiera la polémica por la Casa Blanca -una mansión que la Primera Dama compró a plazos por 52 millones a Grupo Higa, actual contratista del gobierno federal- el mandatario eligió a Virgilio Andrade Martínez, un ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) como el zar anticorrupción.
Desde el salón Manuel Ávila Camacho, en la residencia oficial de Los Pinos, el Presidente tomó protesta a Virgilio Andrade como nuevo secretario de la Función Pública y le encomendó su primera misión: abrir un expediente que alcanzara la mansión en Bosques de las Lomas de Angélica Rivera, la casa de campo de Luis Videgaray en Malinalco y la residencia del propio Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, compradas a Constructora Urbanizadora Ixtapan y Grupo Higa, corporativos que mantienen contratos vigentes con la Federación.
Para el jefe del Ejecutivo, aunque la corrupción tiene una raíz cultural, “no hay excusa para dejar de tomar acciones decididas”, por lo que ante “los diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi Gobierno”, anunció ocho acciones para combatir la corrupción, que serán supervisadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Antes de enumerar las medidas, Peña Nieto afirmó que solicitó a la “Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compra-ventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor”.
La investigación alcanzará las esferas más altas de su administración, estará encabezada por Virgilio Andrade, integrante de su gabinete, y se someterá al escrutinio de un Comité de Expertos en Transparencia, nacionales y extranjeros, todavía por designar.
Incluso, por primera vez, el propio mandatario se defendió de las acusaciones de corrupción: “las contrataciones se sujetan a los procedimientos que marca la ley y en ninguno de ellos participa el Presidente de la República (…) quiero ser enfático, el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios”.
Empoderan fiscalización
El 3 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, impulsada por el ex presidente Felipe Calderón y consolidada en los primeros días de gobierno de Peña. Los cambios incluían la sustitución de la Secretaría de la Función Pública por un Sistema o Comisión Anticorrupción.
El decreto señalaba que la SFP se mantendría en funciones en tanto el Poder Legislativo diseñaba el nuevo modelo para combatir la corrupción. Pasaron dos años y ante los señalamientos de conflicto de interés al actual gobierno, el Presidente decidió revivir a la Secretaría y dotarla del poder que originalmente tendría el órgano autónomo anticorrupción.
Liderada por Virgilio Andrade, a la Función Pública, el mandatario nacional le confirió ocho nuevas atribuciones: aunado a su declaración de bienes, los funcionarios deberán presentar otra de posibles conflictos de intereses que contendrá “las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios, de su cónyuge o dependientes económicos”.
Además, crearán una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés; habrá un nuevo Código de Ética de funcionarios federales, y “se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas”.
Las dependencias federales, a más tardar en abril, deberán identificar a los funcionarios que podrían enfrentar posibles conflictos de interés; se adelantará la instauración de la Ventanilla Única Digital para disminuir la interacción entre servidores públicos y ciudadanía; informarán a detalle de las sanciones a empresas, y firmarán convenios con el sector empresarial para la adopción de medidas de rendición de cuentas.
Los tipos de conflicto de interés
Según organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), existen tres tipos de conflictos de intereses: los reales, los posibles y los aparentes.
Los reales son los que el funcionario público actúa de forma indebida y viola el marco legal, al tomar decisiones a partir de intereses personales, familiares o de negocios.
De acuerdo con la teoría jurídica, los potenciales o posibles, es donde aún no existe el conflicto, pero en un futuro es probable que pueda generarse y, por tanto, preventivamente debe declararse.
Y los últimos son los aparentes, en donde existe la percepción social o la sospecha de que hay un conflicto de interés, sin que en realidad exista influencia indebida en la toma de decisiones, ni violación legal alguna.
De acuerdo con el presidente Enrique Peña Nieto, el conflicto de interés aparente es lo que ha cimbrado a su gobierno, debido a la compra de propiedades a contratistas, es decir, no está acreditado que exista y es más una cuestión de percepción social.
A nivel nacional, el conflicto de intereses está regulado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Su artículo 8 indica que se dará “cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
Los funcionarios federales incurrirán en conflicto de interés cuando tengan un beneficio económico para él o sus familiares hasta en cuarto grado, o que reciba algún tipo de beneficio de actores por él regulados. Se considera una falta administrativa grave y va desde amonestaciones públicas hasta su inhabilitación por 20 años.
Sin embargo, en la legislación no especifica los protocolos de actuación en caso de que un funcionario incurra en conflictos de intereses, ni está claras las sanciones.
De acuerdo con la OCDE, “no todo conflicto de intereses es un acto de corrupción, salvo en casos donde el conflicto surge entre los intereses y capacidades privados, y cuando estos intereses han influido efectiva e indebidamente en el desempeño y la toma de decisiones en la esfera pública para beneficio personal del funcionario, sus familiares u otros particulares con los que tenga algún tipo de relación”.
Las 8 medidas
A partir de mayo, los funcionarios públicos entregarán una lista de posibles conflictos de interés.
La SFP creará una Unidad Especializada de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
Establecer reglas de integridad para el ejercicio de los funcionarios públicos.
Se establecerán protocolos de contacto entre contratistas y funcionarios públicos.
Hasta abril, cada dependencia pública identificará y clasificará el nivel de responsabilidad de cada uno de los funcionarios.
Acelerar la implementación de la ventanilla única federal a nivel nacional.
Se ampliará la lista pública de proveedores del gobierno federal sancionados por la administración pública.
La SFP investigará si hubo o no conflicto de interés en la compra-venta de inmuebles a nombre del Presidente, de su esposa y del secretario de Hacienda.