El Sistema de Administración Tributaria (SAT) se declaró incompetente para determinar la veracidad de la información fiscal presentada por Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, sobre la llamada “casa blanca”.
Ante la solicitud presentada por Darío Ramírez, director de Artículo 19, y el abogado constitucionalista, Luis Pérez de Acha, el pasado 15 de diciembre, el SAT respondió que no es la autoridad para emitir dicha resolución.
Ahora prevén acudir al juicio de amparo para el esclarecimiento del tema. “Necesitamos efectividad en el combate a la corrupción y por ello recurriremos a la Corte, insistiremos en conocer la verdad sobre la compra de este inmueble como un asunto de transparencia y legalidad”, indicó Pérez de Acha en un comunicado.
El día de la presentación de la solicitud, el abogado y el activista informaron que es necesario aclarar este caso que involucra a la pareja presidencial en la compra de una propiedad de una filial de Grupo Higa, que ha obtenido contratos de obra pública.
Expresaron que aunque ahora el caso se busca esclarecer mediante la reactivada Secretaría de la Función Pública, a cargo de Virgilio Andrade Martínez, no se percibe que el nuevo titular tenga la imparcialidad para investigar al Presidente, ni al secretario de Hacienda.
Asimismo, Pérez de Acha y Ramírez señalaron que la respuesta del SAT tiene dos anomalías legales: la primera que el documento está firmado por la administradora Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos, Yolanda Mata Vallado, cuando la Constitución indica que debe responder el funcionario a quien fue dirigida la solicitud, en este caso Aristóteles Núñez, jefe del SAT.
La segunda irregularidad es que si existe otra autoridad competente, la que se declare incompetente deberá remitir la solicitud a la autoridad correspondiente para que se cumpla con la obligación constitucional.
“La repuesta del SAT nos sorprende. Presentamos la solicitud de información ante esta dependencia porque es la única instancia que cuenta con todos los elementos para haber aclarado las dudas sobre el tema. Esta contestación puede interpretarse de dos formas: no valida la información porque no la tiene, es decir, lo expuesto por la señora Rivera no se documentó ante Hacienda, o bien, no existe disposición a trasparentar información de interés público”, dijo Pérez de Acha.
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