Tras reunirse con una madre de los normalistas de Ayotzinapa, el Parlamento Europeo (PE) le planteó destinar recursos para realizar una investigación independiente sobre el caso por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala el pasado 26 de septiembre, y apoyar a las familias de las víctimas.
Las y los eurodiputados propusieron apoyar económicamente a las familias y realizar una investigación independiente del caso, la cual podría estar subsidiada por el dinero que se destina a la delegación de la Unión Europea en México, propuesta que será presentada formalmente a la delegación.
Ulrike Lunacek, vicepresidenta del PE, observó que “no se puede aceptar que la justicia mexicana cierre un caso tan horrendo, sin esclarecer toda la cadena de mando y sin indagar a fondo la colusión entre las autoridades y el crimen organizado. Hay que romper el círculo vicioso de la impunidad”.
Las y los otros eurodiputados presentes en la audiencia se sumaron al reclamo de las familias, para que continúen las investigaciones en Iguala.
“El gobierno mexicano tiene que admitir que ha sido cómplice de las actividades de las autoridades locales, al hacer la ‘vista gorda’ a su pacto con el crimen organizado”, expresó el eurodiputado Jordi Sebastiá.
Hilda Legideño Vargas y Bernabé Abrajan Gaspar, madre y padre de dos de los normalistas desaparecidos por agentes municipales de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos, fueron quienes viajaron esta semana a Bruselas, Bélgica, para presentar sus demandas el jueves pasado ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara.
“Lo que nosotros venimos a pedirles es que intercedan por nosotros, que le pidan al gobierno (mexicano) que haga justicia por los estudiantes (…), ya que están involucrados los tres niveles de gobierno”, expuso la mujer, quien acudió en representación de todas las madres de las víctimas, a las y los representantes del PE.
Tras cuatro meses de la desaparición de su hijo y sus compañeros, señaló la madre a los erupodiputados, las autoridades pretenden cerrar el caso. Un hecho que sólo puede denominarse “desaparición forzada”, y por el cual a su parecer las autoridades en México no están investigando debidamente la participación del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y del entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Por su parte, Bernabé Abrajan Gaspar declaró: “Nuestros hijos son campesinos, como nosotros, los mandamos a la escuela para que no sufrieran como sus padres, que trabajamos desde que sale el sol”.
Las y los legisladores cuestionaron la “verdad histórica” que quiso presentar el gobierno federal a la sociedad mexicana (cuando dijo que los estudiantes habrían sido secuestrados, asesinados e incinerados por un grupo criminal), y también el informe que presentó al Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas en su octavo periodo de sesiones. (Con información de CIMAC )