El secuestro de al menos 18 personas y el rescate de 10 de ellas, el hallazgo de 60 cadáveres en un crematorio abandonado, la expansión territorial de policías comunitarias, y la entrada de un comando a Tixtla provocando la intervención del Ejército para resguardo del alcalde, encendieron los focos rojos de Guerrero este fin de semana.
Sin denuncia penal ante las autoridades, 10 personas de un total de 18 presuntamente secuestradas desde el viernes pasado en Cocula, Guerrero, fueron rescatadas por militares y policías comunitarios. Sobre el caso reportado por familiares de las víctimas y empresarios, las autoridades federales dieron información oficial tres días después de los hechos.
Ayer, a través de un comunicado de las dependencias que conforman el gabinete de seguridad se informó sobre la localización de una decena de personas, “que dijeron haber sido secuestradas”, así como la detención de tres de sus presuntos secuestradores.
El plagio masivo, ocurrido sobre el tramo carretero Nuevo Balsas-Cocula, habría sido reportado desde la noche del viernes en medio de contradicciones referente al número de víctimas.
Los plagiados fueron identificados como empleados de la minera Media Luna y pobladores de las comunidades de La Fundición y Nuevo Balsas. De acuerdo con el comunicado federal, ante los rumores de dicha situación fue que elementos del Ejército acompañados por personal de la Policía Federal iniciaron la búsqueda en la zona de Campo Arroz Viejo en la elevación conocida como de las Campanas, lugar señalado por los pobladores.
De acuerdo con la versión de los pobladores, integrantes del grupo delictivo conocido como La Familia, particularmente la célula al servicio de Uriel Vences Salgado, alias La Burra, fueron indicados como los responsables. Sin que dicha información hubiera sido corroborada por autoridad alguna.
“Nosotros no tenemos ninguna denuncia penal reportada en las fiscalías regionales de Tierra Caliente ni de la zona norte”, sostuvo en conferencia el titular de la Fiscalía General estatal, Miguel Ángel Godínez Muñoz. Sin embargo, sostuvo que la dependencia realizó una investigación de oficio luego de las denuncias vertidas en redes sociales.
En entrevista para 24 HORAS, un integrante de la Policía Comunitaria de Cocula acusó la falta de apoyo por parte de la minera Media Luna, y de las autoridades federales y militares para localizar al resto de víctimas, de las cuales, dijeron tener un punto de búsqueda pero ante la falta de equipo y vehículos no podían llevar a cabo las labores.
“La minera tiene como 80 camionetas 4×4, y las empresas contratistas otras 80, tienen su empresa de seguridad privada con buenas armas pero ni ellos ni el gobierno (militares y policías) nos quieren apoyar. Tenemos un punto donde estamos seguros que están los compañeros secuestrados pero no quieren peinar la zona”, acusó el comunitario quien prefirió reservar su identidad por su seguridad.
Según el reporte hecho, seis personas, entre ellas un contratista de Media Luna, una mujer, y cuatro personas más que lograron salir de su cautiverio y fueron trasladados a una clínica de salud para su atención.
“Hay un plan de búsqueda con el Ejército, pero hasta ahora las investigaciones están radicadas en la procuraduría local”, señalaron fuentes de la Comisión Nacional de Seguridad a este diario en contradicción con lo expuesto por el fiscal general.
En otro hecho, el diario El Sur de Acapulco informó sobre el presunto secuestro de tres empleados de la Mina de Pinzán Morado, municipio de Coyuca de Catalán, el cual de acuerdo con la denuncia de pobladores que un comando irrumpió en la mina ubicada unos 40 kilómetros de la cabecera municipal y se llevaron a los obreros. Al respecto fuentes de la Fiscalía general refirieron que no había denuncia alguna.
Colabora PGR en identificación de 60 cadáveres
Tras el hallazgo de 61 cadáveres abandonados en “Crematorios del Pacífico”, en Acapulco, el fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, informó que la PGR colabora en la identificación de los restos humanos. Ayer, alrededor de 170 habían acudido a la zona para que les tomaran pruebas de ADN y saber si entre los cuerpos se encontraba alguno de sus familiares.
“El día de hoy terminaron de trabajar los médicos forenses. Están trabajando peritos de la Fiscalía del Estado, y peritos de la Procuraduría General de la República en coordinación”, dijo.
Según el fiscal, el proceso de identificación podría demorarse hasta 20 días, debido a que el personal forense debía realizar sus labores para determinar sexo, edad y posibles causas de muerte, la cual descartó tuviera relación con el crimen organizado.
En Tixtla, un comando armado entró a la población, que alertó al Ejército mexicano y a las fuerzas estatales que colocaron cuatro retenes para tratar de localizar a los presuntos criminales, lo que no se logró.
En tanto, por su seguridad, el alcalde Gustavo Alcaraz Abarca fue sacado del municipio y resguardado. El pasado 26 de enero fue asesinado su medio hermano, Luis Ortega Abarca, a quien se le relaciona con el grupo criminal Los Rojos.
Por otra parte, las policías comunitarias de la población de Petaquillas, en Chilpancingo, siguieron realizando rondines de vigilancia y aún no permiten la entrada de fuerzas federales. Desde el jueves pasado han realizado las labores de seguridad y han evitado que el Ejército y la Policía Federal se sumen a las acciones.
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