Antes de que el presidente Enrique Peña Nieto presentara sus ocho acciones para combatir la corrupción y evitar los conflictos de interés, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) habían elaborado un bonito código de integridad y ética empresarial. Como el tema se ha puesto de moda, vale la pena comentarlos.
Doce Principios contiene el trascendental documento, a cual más notable, a saber: Prohibición a la corrupción; Transparencia; Integridad en las inversiones; Integridad en las relaciones de negocios; Transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos; Libertad en la participación política de los colaboradores; Existencia de controles de verificación; Responsabilidad en la política para evitar la corrupción; Compromiso con la cultura de la integridad y honestidad en los negocios; Desarrollo de programas de cumplimiento; Comunicaciones internas y confiabilidad, y Fomento a la cultura de la integridad y transparencia en los negocios.
La corrupción es un mal que en última instancia lleva a lesionar gravemente los valores sociales de respeto, transparencia, veracidad, integridad y honestidad, rompiendo las reglas de convivencia pacífica y al mismo tiempo causando pérdidas económicas de dimensiones inimaginables. Por ello, resulta indispensable intensificar la lucha responsable en contra de la corrupción. Esto y más, dicen los del CCE en la introducción del documento.
No vamos a comentar los 12 principios, pero el primero, que se titula “Prohibición a la corrupción”, es bello. Apunta:
Las empresas deberán contar con una política que recoja los principios establecidos en el presente Código, cuyo objetivo general y primordial sea prohibir la realización, el ocultamiento u otra actividad tendiente a llevar a cabo actos de soborno, corrupción, colusión, cohecho… que implique de manera enunciativa más no limitativa un pago en dinero o en especie, ventajas, privilegios, préstamo de servicios, asunción de deudas u obligaciones o atenciones excesivas, directamente o por medio de terceros a un funcionario público, a alguna entidad que maneje recursos públicos y tenga facultades de autoridad frente a particulares, a un funcionario de una empresa privada o a una empresa privada, con el objetivo de evitar el cumplimiento de una disposición legal, administrativa o judicial…
Como es año electoral también vale la pena comentar el quinto principio, titulado “Transparencia en la prohibición de aportaciones con fines políticos”, que dice: Las empresas deberán evitar, en cumplimiento de la ley, la realización de aportaciones o donativos, directa o indirectamente, a partidos políticos, campañas electorales y a cualquier persona física o moral, asociación, organismo, sindicato o cualquier otro tipo de entidad pública o privada, relacionados con actividades políticas, ya sea en México o en cualquier otra jurisdicción en la que operen.
Los analistas políticos bisoños preguntan: ¿O sea que los empresarios ya no podrán organizar cenas para “pasar la charola” sobre todo para las campañas presidenciales? No, nada de nada.
¿Y las sanciones, apá?, preguntan los observadores. ¡De eso nada! Tampoco hay que exagerar.
…
Y hablando de principios, el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, respaldó, como debe de ser, las acciones anticorrupción anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto.
Por su parte, Emilio Gamboa, dijo que el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado seguirá privilegiando la política para analizar todas las propuestas en materia de transparencia, con la finalidad de que junto con las otras fuerzas políticas se logren los acuerdos en la Ley General de Transparencia y en la elección del fiscal anticorrupción. ¡Faltaba más!