Por falta de leyes precisas para aplicar sanciones o por falta de pantalones cívicos para hacer que se cumplan las leyes, el hecho es que los contribuyentes en México estamos acostumbrados a pagar los platos rotos de los funcionarios públicos y de los políticos… en silencio, sin siquiera chistar.
Ya ayer le decíamos que el caso de la malograda Línea 12 del Metro en la Ciudad de México va derechito a la impunidad sin que se finquen responsabilidades legales sobre quienes fueron responsables de una obra que le costó al erario público más de 26 mil millones de pesos en su construcción, más varios miles de millones de pesos que se tendrá que gastar en este y en los próximos años para reparar lo mal hecho. Algunos expertos en transporte ya calculan que ese monto será muy similar al costo original de la obra.
La pregunta es, ¿y quién o quiénes son los responsables de un daño de ese tamaño a las finanzas públicas? Hasta ahora –11 meses después de que la Línea 12 dejó de prestar servicio– las autoridades de procuración de justicia del Distrito Federal y los órganos legislativos locales y federal no han encontrado aún, o no han querido encontrar, culpables por evidentes actos de negligencia y de corrupción de funcionarios públicos y de proveedores involucrados en un caso de esta gravedad.
Han transcurrido 11 meses en los que ha prevalecido la negociación política por sobre la investigación y aplicación de la justicia, a tal grado que el ex jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, máximo responsable de esta obra, podría convertirse en diputado federal con lo que ganaría inmunidad o, para decirlo más claro, impunidad. Así que en este caso, como en otros del pasado, todo apunta a que otra vez serán los contribuyentes quienes paguen estos platos rotos con más impuestos y derechos o con menos beneficios en servicios públicos.
Otro caso similar, aunque de menor cuantía, tiene que ver con el del cancelado proyecto del tren México-Querétaro y que fue asignado originalmente a la empresa China Railway Construction a través de una licitación fuertemente cuestionada por la participación del Grupo Higa, relacionado con la venta de propiedades a la esposa del presidente Peña Nieto y al secretario de Hacienda. La asignación se echó para atrás por decisión de la Presidencia y por segunda vez el Ejecutivo decidió cancelar el proceso licitatorio bajo el pretexto del recorte al gasto público.
Ahora la empresa china ha planteado que demandará al Estado mexicano una indemnización por los daños, perjuicios y ganancias futuras no obtenidas que le causó la posposición indefinida del proyecto ferroviario. Así que seguramente la demanda de la empresa china no será por unos cuantos pesos, sino por varias decenas de millones de dólares que deberá pagar el Estado por la incompetencia de un puñado de funcionarios públicos que tampoco serán sancionados.
Ello ha ocurrido decena de veces y muy poco han cambiado esos resultados. La cuenta de estos platos rotos por incompetencia o por corrupción la han pagado regularmente los contribuyentes sin que los responsables de estas decisiones sean siquiera molestados.
Y por si ello no fuera suficiente, nunca o casi nunca hemos visto que la autoridad tributaria, el SAT, investigue y sancione a renombrados políticos –de cualquier color partidista– funcionarios públicos federales y locales o líderes sindicales que presumen un estilo de vida y una riqueza que no corresponden con los ingresos salariales derivados de sus empleos. Nadie los molesta.
Este es el cansancio ciudadano de siempre pagar los platos que rompen las élites del poder. El cansancio por una corrupción que lacera el futuro de millones de familias.
