La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat, investigue y suspenda temporalmente a funcionarios federales involucrados en la aprobación del proyecto “Dragon Mart Cancún”.
En un comunicado, la dependencia detalló que se trata de servidores públicos de su delegación en Quintana Roo que participaron en las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental y forestal en favor de este proyecto.
Además, pidió por separado también al gobierno de esa entidad y al ayuntamiento de Benito Juárez, que revisen de manera exhaustiva todas y cada una de las autorizaciones otorgadas a ese proyecto comercial.
El objetivo de lo anterior, refirió, es constatar su legalidad y deslindar en función de sus atribuciones, las responsabilidades legales correspondientes.
Al respecto, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, explicó al OIC de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que la Profepa promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) dos juicios de lesividad.
Ello, continuó, es con el fin de obtener la nulidad de las respectivas actuaciones, porque resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico.
El documento dirigido al titular del OIC señala que un grupo de funcionarios en activo y ex funcionarios de la delegación de la Profepa en Quintana Roo, eximieron en forma indebida al Proyecto Dragon Mart de responsabilidad en materia de impacto ambiental y forestal.
Además, indica que un nuevo estudio hecho con la participación de por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otros organismos especializados como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), confirman que el denominado predio “El Tucán” es un terreno de vocación forestal.
De hecho está reconocido como un ecosistema costero y es además una zona de refugio de aves catalogas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 en condición de riesgo, detalló.
El oficio explica además que las resoluciones emitidas por la delegación de la Profepa en Quintana Roo en noviembre de 2012 fueron emitidas sin exhaustividad ni rigor técnico-jurídico, para determinar que la legislación ambiental federal resultaba aplicable al predio “El Tucán” por su calidad de terreno forestal.
Por lo anterior, en los comunicados dirigidos al gobernador Roberto Borge Angulo y al edil Paul Michel Carrillo de Cáceres, Haro Bélchez solicita que inicien los procedimientos administrativos para la revocación, modificación, suspensión o cancelación de las autorizaciones, permisos o licencias otorgadas al citado proyecto.