A partir de la lógica de que las movilizaciones de la Sección 22 de maestros obedecen a juegos estratégicos utilizados por políticos, el plantón en Reforma el lunes pasado fue más bien una maniobra de distracción de temas de la agenda como las acusaciones contra Marcelo Ebrard o las revelaciones de la casa del ex gobernador oaxaqueño José Murat en Nueva York.
La agenda de la 22 sobre pagos atrasados no requería de la movilización de estos días ni del plantón estilo López Obrador con tiendas de campaña sobre Paseo de la Reforma. De ahí que el uso de emergencia de autobuses panorámicos y con aire acondicionado ha tenido la motivación de otras agendas para enredar al GDF (Ebrard) y preocupar a Gobernación donde asesora Murat sobre la 22.
Pero la 22 se está acercando al modelo de solución de problemas de Luz y Fuerza y el Sindicato Mexicano de Electricistas de octubre de 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón decidió liquidar la empresa por incosteable y dejar sin empleo a 45 mil trabajadores. El costo sindical era oneroso para las finanzas públicas porque el SME tenía estrangulado al gobierno como su patrón. El DF y el gobierno federal ya no pueden sostener el conflicto anual de la 22 en la capital.
Los maestros de la 22 de Oaxaca son empleados del gobierno federal porque la titularidad del contrato colectivo del trabajo la tiene el SNTE, al cual pertenece la 22. La relación laboral se rige por las cláusulas de salario pagado por trabajo desempeñado, con reglas estrictas para cuestiones de paros o suspensión unilateral de clases. Hasta ahora los gobiernos federal y estatal han seguido pagando salarios, bonos y prestaciones, a pesar de que los maestros no han cumplido con las horas-clase para las que fueron contratados.
Y el asunto se enreda más cuando el Estado como patrón tiene muy definido el plan de estudios que debería aplicar el maestro como trabajador empleado, pero en la realidad los maestros aplican su propio programa de estudios basado en la educación para la rebelión social. Al final, los maestros de Oaxaca y Guerrero quieren tener la propiedad de la política educativa, excluyendo al Estado.
La única salida real que se ve al conflicto magisterial que tiene ya 36 años de vigencia desde la fundación de la CNTE en 1979 -con paros, plantones, protestas y no-clases cada año- es la de replantear la relación obrero-patronal. En Oaxaca existen 75 mil maestros, pero de ellos solamente habría menos de 20 mil en situaciones de activismo radical.
La carga presupuestal, social, política, de movilización y de prestaciones crecientes que representan las exigencias de la 22 con sus paros, plantones y provocaciones violentas ha cruzado ya la línea de flotación del sistema educativo; en ese sentido, sale más barato el despido de maestros que seguirán exigiendo sin ceder y que han escalado la violencia urbana que seguir negociando en Gobernación cada vez más canonjías a cambio de promesas que nunca cumplen.
El problema con la 22 ha sido la complicidad del gobernador Gabino Cué, que ganó el cargo en el 2010 con la alianza PAN-PRD pero con el apoyo activo de la 22. Como intendente de los intereses sociales, políticos y de dinero de la 22, Cué representa el perfil de un gobernador fallido que le ha cedido el presupuesto y la plaza al activismo político de la 22 y sus aliados radicales.
El costo presupuestal, político y de plazas para resolver la crisis actual de la 22 será alto y de ninguna manera suspenderá la crisis anual que estallará la 22 -con marchas, plantones y violencia- en la revisión anual salarial del 15 de mayo. Y así hasta que las autoridades federales se percaten que son rehenes de una organización social ajena a los intereses educativos nacionales, como ya ocurrió con el SME.