Una y otra vez, en su discurso del 3 de febrero pasado ante los medios de comunicación, el presidente Enrique Peña Nieto dijo estar -él y su gobierno- comprometido con la transparencia y con la rendición de cuentas para combatir la corrupción.
El discurso buscó ser una válvula de escape ante las crecientes sospechas y presiones por conflictos de interés y presuntos actos de corrupción después de que se reveló que su familia y el secretario de Hacienda habían realizado diversas compras de residencias en condiciones favorables a proveedores del gobierno.
Como parte de su compromiso, el Presidente ‘resucitó’ lo que quedaba de la Secretaría de la Función Pública ya en proceso de extinción, y nombró a Virgilio Andrade Martínez -un viejo amigo del secretario Luis Videgaray- como su titular con la encomienda de investigarlo a él, a los proveedores involucrados y al hombre más poderoso de su gobierno que ocupa la titularidad de la Secretaría de Hacienda.
Con las leyes y reglamentos actuales, la conclusión adelantada del nuevo titular de la Función Pública, como lo ha deslizado en las múltiples entrevistas que ha concedido en los últimos días sobre las líneas de su investigación, es obvia: No hubo conflicto de interés en los casos conocidos como ‘Casa Blanca’ o ‘Malinalco’.
Sin embargo -y mientras corre la investigación- sería saludable para reforzar el compromiso presidencial de transparencia y rendición de cuentas, que el secretario Videgaray aclarara algunos aspectos de la compra de su casa en el fraccionamiento de Malinalco:
¿Por qué aceptó una tasa de complacencia de 5.31% de parte de Bienes Raíces H&G -del Grupo Higa- para financiar la compra de la residencia, cuando la tasa hipotecaria de mercado superaba el 12%? La Ley de Instituciones de Crédito prohíbe expresamente otorgar este tipo de condiciones en sus operaciones. Si el crédito le fue otorgado por una sociedad mercantil ¿pagó el Impuesto al Valor Agregado que generan los servicios de esta deuda? En todo caso ¿informó en su declaración anual 2012 sobre el préstamo y las ganancias obtenidas derivadas de un crédito de complacencia, como lo señalan los artículos 106 y 107 del Impuesto Sobre la Renta? ¿Forman parte los terrenos adyacentes del proyecto arquitectónico de la residencia en Malinalco? ¿Exactamente en qué consisten estos contratos no declarados y cuáles son sus términos?
Respuestas a éstas y otras preguntas ayudarían a crear el clima de confianza y de credibilidad sobre la transparencia de los funcionarios públicos a la que aludió el presidente Peña Nieto en aquel discurso.
LAS CUENTAS EN SUIZA. El ex empleado de HSBC, Hervé Falciani, le dijo al diario francés Le Parisien que el escándalo por las miles de cuentas ocultas en Suiza que dio a conocer la prensa son sólo “la punta del iceberg”. Por lo que habría miles de nombres adicionales a los que la filial de HSBC habría ayudado a evadir impuestos y a ocultar riquezas ante las autoridades fiscales y hacendarias. El reporte periodístico identificó en estos listados de Falciani a dos mil 642 mexicanos que poseían cuentas en HSBC en Suiza, muchas de las cuales habrían buscado ocultarse de la mira del fisco mexicano. Ahora Falciani nos dice que el número es mayor y pensaríamos que el SAT ya está tras estas revelaciones.
Ayer decíamos que nunca o casi nunca hemos conocido de investigaciones y sanciones a funcionarios públicos, políticos de altos vuelos o líderes sindicales que exhiben riquezas que no corresponden con sus ingresos salariales públicamente declarados. Probablemente en Suiza se encuentran respuestas; la cuestión es si Aristóteles Núñez y su equipo quieren seguir estos rastros.
