Que los legisladores, funcionarios, partidos y políticos en general hablen de la necesidad de regular en México el conflicto de interés en nombre de la transparencia es, en rigor, un conflicto de interés.
Y es que los principales beneficiados de operar en la opacidad y lucrar con el ‘bendito’ conflicto de interés son los políticos y funcionarios, la esfera del Poder en pleno.
¿De verdad alguien creerá que los Diputados y Senadores están interesados en transparentar las partidas secretas del Congreso que gastan en quién sabe qué? O ¿alguien pensará que los legisladores van a dictaminar una ley contundente que obligue a cualquier funcionario -y a ellos mismos- a transparentar a detalle sus propiedades, cuentas bancarias, bienes y las de su familiares y fijar penas claras ante cualquier irregularidad?
La grotesca voluntad de ‘transparencia’ que el Gobierno federal exhibió la semana pasada fue un muestra de que el partido en el gobierno sigue atrapado en los años 90. Pareciera que los asesores en Presidencia ignoran que las grotescas pantomimas ya no se circunscriben a esa meretriz llamada medios serviles. Hoy el escrutinio social trasciende fronteras llegando a la opinión pública internacional.
En qué cabeza cupo la idea de que el mundo iba a ver un Presidente progresista, comprometido con la transparencia, nombrando al ‘cuate’ de un ‘cuate’ como el Juez que no solo lo exonerará, sino que tildará de malpensados y malos mexicanos a quienes osaron cuestionar los bienes legalmente adquiridos del primer mandatario, esposa y colaboradores.
El tema, tras 90 días para maquillar y regularizar lo administrativo, no es si fueron o no legales las adquisiciones de las propiedades. El tema es el fondo de quiénes las ‘vendieron’ y qué tantos beneficios obtuvo el ‘vendedor’ y que contra beneficios adicionales a las casas dio el vendedor a cada comprador por los negocios como proveedor del gobierno del Estado de México.
¿Por qué, en nombre de la transparencia, el Gobierno no encabeza -no solo autoriza- una investigación a fondo a los proveedores del Gobierno? ¿Por qué no empieza por monitorear y exhibir a los directores de compra de las dependencias públicas?
El Gobierno ha dicho que va a encabezar una lucha frontal contra la corrupción. ¿Por qué en vez de anunciar un listado de conceptos básicos, vacíos y francamente ingenuos no abre la posibilidad de que terceros realicen auditorias serías para desenmascarar corruptos que operan al interior del Gobierno a cualquier nivel?
La transparencia da credibilidad y ésta deriva en legitimidad. México no tiene transparencia y encargarle a los políticos reglas claras con penas contundentes es ponerlos en un conflicto de interés. Es tan bizarro como pedirle a Caro Quintero que diseñe de la política financiera antilavado de dinero.
El cinismo con el que se ha desarrollado la corrupción como un ingrediente sine qua non de la economía nacional, ha asestado un golpe que terminó por provocar fracturas múltiples en el Estado de Derecho nacional, condición que ha restado competitividad al país y lo hace poco atractivo a la inversión directa, por más posición estratégica que tenga en términos geográficos.