Manifestaciones de los últimos días, como las de los maestros y policías de Oaxaca, nos llevan a revolver dos temas importantes: los derechos universales y las obligaciones específicas.
Un argumento frecuente, cuando las manifestaciones ejercen tal presión sobre la ciudadanía que logran detonar la animadversión, es que se juzga las faltas a partir de las características de los propios manifestantes.
Esto es, en el caso de los maestros que esta semana nos sorprendieron con sus flamantes tiendas de campaña ¿hasta qué punto juzgamos que monten un campamento en Paseo de la Reforma y hasta qué punto juzgamos que dejaron sin clases a cientos de miles de alumnos o el interés político que se traslucía en el costo de las tiendas de campaña?
Hago énfasis en la diferenciación porque me parece que son dos debates clave. Que policías de Oaxaca se atrincheren y disparen contra policías federales no sólo es un tema preocupante en términos de la seguridad de la población, sino que el legítimo derecho de manifestación de los policías, en tanto que ciudadanos, termina no con los disparos, sino cuando por manifestarse abandonan su obligación de brindar seguridad a la población.
La discusión nacional sobre el tema de manifestaciones, bloqueos, plantones, y demás acciones que llegan a poner en conflicto derechos de unos y otros, se ha relegado. En general, las localidades más propensas a manifestaciones (Distrito Federal, Oaxaca, Morelia, entre otras) han desarrollado tolerancia a marchas y plantones, pero siempre está el llamado de un sector de la sociedad para que se haga el uso de la fuerza cuando se impide la circulación de automóviles.
Este tema, a mi juicio, requiere una discusión muy profunda en nuestra sociedad, y no puede resolverse con decretos que limiten el derecho de manifestación, pero tampoco deberíamos quedarnos conformes con situaciones en las que este derecho de manifestación genere exclusión en el uso del espacio público. En palabras más simples ¿cuándo un plantón deja de ser derecho de manifestación y cuándo comienza a ser privatización del espacio público?
Los maestros de Oaxaca debieron haber sido despedidos por “abandono de empleo”; esto tiene mayor sentido que una débil base legal para “moverlos” de Reforma al Monumento a la Revolución. Ante la presión política, las autoridades ceden o negocian, pero el resultado es el cuento de nunca acabar: el derecho de manifestación en este país es relativo al número de manifestantes y al cariz de la manifestación.
En la práctica no tiene el mismo derecho un manifestante que pone su tienda de campaña en Reforma, con otros miles de personas, que si alguien decide celebrar su cumpleaños cerrando su propia calle. El primero polariza a la sociedad (pro tolerancia versus pro uso de la fuerza) y el segundo resulta, simplemente, inconcebible.
El Monumento a la Revolución ha estado ocupado por manifestantes casi desde que fue rehabilitada la Plaza de la República. Algunos de sus ocupantes llevan casi dos años ahí. Si eso no es privatización del espacio público entonces tampoco lo sería tener un campamento en cualquier calle o cualquier plaza con cualquier tema no necesariamente político.
Esto deja claro que, como sociedad, no estamos preparados para un ejercicio simétrico de los derechos, ni mucho menos a llevar la ley hasta sus últimas consecuencias.