En la Administración Pública Federal existen cuatro altos funcionarios que, aunque ejercen recursos del erario, sus nombres no aparecen o no han sido actualizados en el registro de declaraciones patrimoniales de la Secretaría de la Función Pública, que por ley debe obligar a todos los funcionarios del gobierno a publicar sus sueldos y propiedades.
De acuerdo con una búsqueda realizada por 24 HORAS, Eugenio Ímaz Gispert, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); Eduardo Sojo, titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); Basilio González Núñez, encargado de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y Alejandro Murat Hinojosa, del Infonavit, son los únicos cuatro directores de órganos del gobierno federal cuyas declaraciones patrimoniales no aparecen o no han sido actualizadas.
De entrada, aunque 24 HORAS buscó a los directores del Cisen e Infonavit en el sistema del Registro de Servidores Públicos, sus nombres no aparecen, por lo que carecen de declaraciones de bienes.
Por su parte, los encargados de la Conasami e Inegi tienen declaración de bienes, pero no están actualizadas y no corresponden a los puestos que ostentan actualmente.
Según el Registro de Servidores Públicos, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, el actual presidente del Inegi, Eduardo Sojo Garza-Aldape, declaró su patrimonio por última vez en 2008, cuando fungía como secretario de Economía.
Sojo ostenta un sueldo anual de 2.3 millones de pesos, pero durante los siete años que ha estado al frente del Inegi no ha presentado ninguna declaración de bienes.
Titular del INEGI no está obligado a presentar declaración patrimonial ante la SFP
Al respecto, el INEGI aclaró que, dado que es un Organismo Autónomo, la responsable de llevar el Registro Patrimonial de los servidores públicos del Instituto su Contraloría Interna: no sólo la del Presidente del INEGI, sino la de todos sus funcionarios, desde el nivel de jefe de departamento. Así lo establece la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG).
Por su parte, Basilio González Núñez, titular de la Conasami desde 1991, tiene registrada su última declaración de bienes en 2013, por lo que no ha actualizado sus datos.
Eugenio Ímaz Gispert, encargado del órgano de inteligencia del Estado, no aparece en los registros a pesar de que el Cisen es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y su titular ostenta un salario de 3.2 millones de pesos, similar al del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Alejandro Murat Hinojosa es director del Infonavit, órgano que en 2015 ejercerá un gasto operativo de nueve mil 500 millones de pesos; el también hijo del exgobernador de Oaxaca, tiene un salario mensual de 208 mil 500 pesos.
Recientemente el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje donde documentó que la familia Murat, incluido el actual director del Infonavit, tenían varias propiedades en Nueva York.
Aunque Alejandro Murat Hinojosa explicó que la mayoría de bienes inmuebles pertenecen a otros miembros de su familia, por la vía institucional es imposible conocer la declaración de bienes del director del Infonavit, porque no aparece en los registros patrimoniales de la Secretaría de la Función Pública.
Leyes
Este diario buscó en el Registro de Servidores Públicos a los miembros del gabinete legal y ampliado de Enrique Peña Nieto, así como a los directores de órganos autónomos y dependencias descentralizadas, y resultó que los titulares del Cisen, Inegi, Infonavit y Conasami son los únicos que no aparecen.
La única vía legal para no presentar su declaración patrimonial sería una interpretación del Artículo 36 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que refiere sólo como sujetos obligados de declarar sus bienes a los integrantes de la Administración Pública Centralizada y de las entidades paraestatales.
La declaración de bienes es obligada para los servidores públicos que estén contratados por outsourcing, sus pagos sean mediante honorarios o tengan trabajos eventuales en la Federación.
En general, la ley aplica para “los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos”.