La nominación de Beatriz Mojica como candidata al gobierno de Guerrero y el lugar uno de plurinominales para Jesús Zambrano acaban de probar que el PRD perdió sus referentes políticos y éticos: los dos aspirantes aparecen contaminados por el secuestro y asesinato de 43 estudiantes normalistas en Iguala.
Las órdenes de secuestro y asesinato de los normalistas fueron dadas por el alcalde perredista de Iguala José Luis Abarca para proteger a su esposa como precandidata perredista a sucederlo en el cargo y operadas por el jefe de la policía perredista de Iguala. A pesar de la incriminación del PRD, los padres de los 43 normalistas han linchado al gobierno federal y es la hora en que se han negado a exigirle cuentas al partido.
El silencio de los padres de los 43 después de la nominación de candidatos perredistas para Guerrero y el Congreso no es más que una muestra de complicidad política que tergiversa su lucha.
Mojica fue secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Ángel Aguirre y renunció después del secuestro de normalistas y no ha hecho hasta ahora algún deslindamiento de la responsabilidad del PRD en Guerrero. De hecho, el ex gobernador Aguirre sigue controlando el PRD guerrerense y la candidatura de Mojica debería entenderse como una posición propiedad de Aguirre. Además, Mojica fue recomendada de Marcelo Ebrard para desviar fondos del gobierno de Aguirre a la campaña de Ebrard a la presidencia en el 2012.
El caso de Zambrano es peor y se acercaría al de Julio César Godoy, medio hermano del gobernador michoacano Leonel Godoy que fue investido como diputado por el PRD en 2009 para darle fuero pero luego resultó desaforado en 2010 por las pruebas presentadas por la PGR de su vinculación con Servando Gómez Martínez La Tuta. Godoy fue diputado perredista para darle fuero pero luego del desafuero el PRD lo protegió y sigue prófugo de la justicia.
De acuerdo con la línea del tiempo político, Zambrano ayudó al alcalde Abarca a fugarse de la justicia: se reunió con él luego del secuestro y lo conminó a entregarse; sin embargo, Zambrano como presidente del PRD estaba obligado a exigirle cuentas a Abarca. Luego se publicó en El Financiero que Abarca le había pagado dos millones de pesos a Zambrano para obtener la candidatura.
La nominación de Zambrano como número uno de plurinominales del PRD y su enfilamiento como jefe de la bancada perredista en la próxima legislatura se hizo justo cuando el PRD a destiempo instaló una comisión investigadora de la crisis de Iguala. En declaraciones a Proceso, el coordinador de la comisión, Pablo Gómez Álvarez, ex líder de la juventud del Partido Comunista Mexicano, afirmó sobre la “compraventa de candidaturas” en el contexto de Abarca: “hay que averiguar; lo más probable es que así ocurrió”.
A Zambrano como intendente de la tribu “Aguilar Talamantes-Los Chuchos” le tocó toda la crisis de Iguala-Ayotzinapa y por tanto aún no está clara su responsabilidad en la participación del PRD vía el alcalde Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Eso sí, como diputado, Zambrano tendrá fuero constitucional protector si la investigación lo alcanza.
Lo más significativo es que el PRD operó candidaturas como agencia de colocaciones, buscando proteger a sus cuadros. A los padres de los 43 normalistas, si en realidad quieren hacer justicia a sus hijos, les hace falta señalar la responsabilidad de políticos del PRD involucrados en el operativo de secuestro y asesinato.
De ahí que la nominación de Mojica y Zambrano es la oportunidad para que los padres de los normalistas aclaren si quieren justicia para sus hijos o los seguirán usando como carne política para proteger al PRD del tlatelolcazo de Iguala.