El gobierno mexicano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han entrado en un debate sobre el tema de las desapariciones forzadas; mientras que el organismo consideró que el delito es de una práctica generalizada y tiende a quedar impune, la federación reviró que es inexacto el reporte y se negó a responder a las recomendaciones.
Sin embargo, el llamado de la ONU para tipificar y sancionar el delito de desaparición forzada no es un nuevo. En octubre de 2013 el organismo internacional emitió una serie de recomendaciones sobre derechos humanos, entre ellos una sobre desaparición forzada, tras el Examen Periódico Universal (EPU).
Ante ello el Ejecutivo federal respondió así en cuanto al apartado de desaparición forzada: “Se aceptan las recomendaciones 148.54, 148.55, 148.56, 148.57, 148.58 y 148.59. La atención a la problemática de personas desaparecidas es un compromiso que ha asumido el Gobierno de México”.
Al abundar sobre esta recomendación, México manifestó que aceptaba parcialmente la creación de un registro oficial de personas desaparecidas, pues advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) administraba una Base de Datos de Personas no Localizadas.
Sobre esta base de datos, 24 HORAS publicó el 11 de noviembre pasado que sólo 12 estados han firmado y actualizado los convenios de colaboración con la PGR para la integración de la denominada Base Nacional de Datos Genéticos (ADN), herramienta vital para la búsqueda de gente no localizada.
“México se encuentra revisando su marco jurídico interno para armonizarlo con sus obligaciones internacionales, por lo cual, en octubre de 2013, el Ejecutivo envió al Senado una iniciativa para reformar el artículo 215 A, B y C, y adicionar un apartado 215 E al Código Penal Federal, para asegurar que la tipificación y sanción del delito de desaparición forzada sea acorde con lo establecido en la Convención”, indicó en la respuesta a la ONU.
Lo anterior evidencia que los legisladores han congelado la iniciativa, pese al plagio de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el cual la propia PGR ha calificado como desaparición forzada.
Reviven el tema
El viernes pasado, otro organismo de la ONU, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, insistió en la falta de regulación sobre el delito y aseguró que este crimen es de práctica generalizada y la mayoría de las veces queda impune.
Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, dijo ayer que el reporte del comité tiene “algunas inexactitudes” y que no dará respuesta formal a las recomendaciones que emitió, pues no se contempla esa figura.
“Algunos elementos que hacen pensar que la revisión no fue todo lo exhaustiva que debiera, tanto desde el punto de vista estadístico como desde el punto de vista factual”, indicó Meade.
También ayer, en la Cámara de Diputados se desarrolló el foro Internacional contra la desaparición forzada a la que acudieron algunos embajadores.
La organización Amnistía Internacional (AI) criticó la postura del gobierno mexicano de desestimar el dictamen de la comisión de la ONU que señaló que en México existen las desapariciones forzadas, siendo el caso de Ayotzinapa sólo un ejemplo.
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