Durante 2013, la capacidad rectora del Estado sobre el sector de las telecomunicaciones se vio erosionada, debido a un deficiente marco legal y regulatorio, concluyó el informe de la ASF 2013.
El documento, señaló entre las principales desavenencias del sector el que el IFT no contó con un programa de trabajo institucional en el que se incluyeran objetivos, metas, estrategias y prioridades.
El órgano regulador revisó ese año a 60 concesionarios y permisionarios prestadores de los servicios de radiodifusión, equivalente a 1.9% de los más de tres mil prestadores de estos servicios.
De igual modo, el IFT no acreditó la cobertura geográfica del servicio de radio y del acceso de los sectores sociales de menores ingresos a los servicios de radiodifusión, ni acreditó el universo de acciones necesarias para eliminar eficazmente las barreras a la competencia en la prestación de los servicios de radio y televisión abiertos, lo que le valió siete recomendaciones de desempeño por parte de la ASF.
obo