El presidente Enrique Peña Nieto descartó posibles omisiones de las autoridades federales que participan en la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.
“Debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR (…) en lo que respecta a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas. Por lo tanto no se considera que exista omisión alguna”, señaló en un documento de 130 cuartillas entregado a la Cámara de Diputados.
En el apartado de política interior, el jefe del Ejecutivo federal le respondió al PRD que los hechos investigados no encuadraban en la hipótesis que establece el tipo penal, por lo que “no se considera que exista omisión alguna”, advirtió.
Sin embargo, subraya que “la Procuraduría General de la República no ha cesado en su intención de acreditar el ilícito de desaparición forzada y muestra de ello, es la obtención de una orden de aprehensión por este delito librada en contra de 5 policías municipales”, de un total de 74, hoy arrestados.
Ayer, el Presidente respondió de forma escrita a las 44 preguntas que formularon legisladores federales en el marco del segundo informe de gobierno que entregó Peña Nieto el 1 de septiembre del año pasado.
Labor castrense
El Presidente de la República también descartó que los integrantes del 27 Batallón del Ejército, con sede en Iguala, Guerrero, haya tenido omisión o participación en la comisión de los delitos que se cometieron aquella noche del 26 de septiembre.
“La 27/a. Zona Militar no tiene responsabilidad en el municipio de Iguala, siendo la 35/a. Zona Militar quien tiene a cargo esa área. Dentro de las funciones de coordinación del operativo en general, en la Operación Conjunta Guerrero Seguro, la coordinación de acciones recae de manera colegiada en el pleno del grupo de coordinación Guerrero”, expresó.
“La actuación de las dependencias en materia de seguridad pública es acorde al ámbito de competencia de cada una, siendo la del personal militar en coadyuvancia de las autoridades civiles que tienen a su cargo esta función, ponderando la actuación conjunta de las fuerzas en todas las operaciones que se efectúen”, explicó.
Caso Iguala motivó reforma para mando único
Al entregar respuesta a las interrogantes de los diputados federales el presidente Enrique Peña Nieto reveló que la reforma constitucional sobre el mando único policial para todo el territorio nacional fue motivada por el asesinato de tres personas y la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala.
“Se propuso un nuevo esquema de organización policial para garantizar la existencia de corporaciones confiables, profesionales y capacitadas en todo el territorio nacional”, expuso.
Peña Nieto recordó que los actos de violencia acontecidos en Iguala la noche del 26 de septiembre, “realizados por el crimen organizado en colusión con autoridades locales, han generado la indignación de todos los mexicanos”.
“Ante ello, el gobierno de la República comparte la exigencia de justicia y se ha dado a la tarea de redoblar esfuerzos para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho en todo el país”, por lo que recordó la implementación de un marco donde actúa la federación, a través, de la Comisión Nacional de Seguridad, expresó.
Advirtió que Guerrero será una de las cuatro primeras entidades en las que operará el nuevo modelo de Policía Estatal con Mando Único, si es que lo aprueba el Congreso de la Unión.
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