Jaime González Aguadé se ha convertido en el blanco de las miradas. Y es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que preside ha sido últimamente cuestionada por el desempeño en su papel como supervisor y regulador del sistema bancario y de un sinnúmero de instituciones financieras que operan en el país.
Casos ‘gordos’ que explotaron en los últimos meses como el del fraude en Banamex-Oceanografía, o más recientemente los masivos fraudes que sufrieron los ahorradores de Ficrea, han levantado las cejas de más de uno sobre el grado de responsabilidad en que pudieron haber incurrido las autoridades supervisoras no solo en las labores de prevención de estos hechos, sino también en la manera como enfrentaron los casos particularmente el de Ficrea, que ahora es analizado por una comisión del Senado.
El asunto es que Ficrea podría ser solo un caso de otros tantos que, bajo la figura de sociedades financieras populares (Sofipo’s), de uniones de crédito o sociedades financieras de objeto múltiple entre otras reguladas por la CNBV, se encuentren en circunstancias parecidas con elevados riesgos para los clientes.
Los ejemplos abundan. Ayer leyendo un diario nacional me topé con un llamativo anuncio de Alta Servicios Financieros, una sociedad financiera popular que ofrece un pagaré con una tasa fija bruta para un plazo de 360 días de 8.5% y con una ganancia anual total (GAT) de 10% para una inversión de 50 mil pesos. Si tomamos en cuenta que los CETES a 91 días ofrecen una tasa de 2.96% anual y los bonos gubernamentales a 10 años un 5.74% de rendimiento, francamente es de llamar la atención las elevadas tasas de interés fijas que ofrece una sofipo como Alta Servicios Financieros, que está fuera de cualquier parámetro de los mercados financieros locales.
Presumí que esta sofipo, como tantas otras, coloca créditos a tasas elevadas entre sus clientes lo que le permite ofrecer tasas de inversión a los ahorradores fuera de mercado con márgenes razonables para la empresa de servicios financieros. Bajo esta premisa le eché un vistazo a su balance y a su estado de resultados al mes de septiembre de 2014 que están disponibles en su página de internet.
Si bien su cartera vencida representa solo 3.3% de su cartera total y su margen financiero es considerablemente alto (lo que revela la enorme diferencia entre las tasas pasivas y activas que aplica a sus clientes), por otro lado sus elevados gastos de administración allí publicados reducen notablemente el resultado de su operación; un asunto preocupante. Pero lo que enciende focos amarillos es que sus índices de capitalización son muy bajos, alrededor de 6%.
Éste es un caso aleatorio. Sin embargo un vistazo rápido a un balance contable como éste nos deja la idea de una fragilidad financiera en estos intermediarios que preocupa especialmente ante entornos económicos altamente volátiles como los que se enfrentan ahora. No hay que olvidar la quiebra masiva de sofoles hipotecarias a finales de la década pasada cuando estalló la crisis hipotecaria en EU y con ella llegó el desplome de las tasas de interés.
Las necesarias preguntas van dirigidas a la calidad de la supervisión y de la regulación sobre estos intermediarios, antes que le exploten en las manos a la autoridad supervisora más casos como Ficrea en los que los ahorradores sufren las consecuencias.
Y un asunto más. Deberán tener cuidado González Aguadé y su equipo porque en muchos de estos anuncios se lee la leyenda “Supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores” con la clara intención de atrapar a los clientes que interpretan esta leyenda como sinónimo de garantía de parte de la autoridad financiera. Nada más alejado de la realidad.
