Empezando por el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) careció de un presupuesto y programas para capacitar a su personal en materia del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades y falta de lineamientos para concretar la capacitación en este nuevo modelo, el cual debe operar en todo el país antes de junio de 2016.

 

Como parte del análisis al desempeño que la ASF realizó al cumplimiento de los objetivos y metas en cuanto a la capacitación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, halló que la dependencia federal no identificó los gastos destinados a la formación de los servidores públicos relacionados, debido a que “no contó con el registro del presupuesto original y ejercido de la Unidad para la implementación del sistema penal”.

 

Aunque de 2011 a 2013 la PGR capacitó a 12 mil 740 servidores públicos, lo que representó 62.3% del total de la plantilla autorizada, la PGR no acreditó que contara con los procedimientos necesarios para el seguimiento, evaluación, y el avance “real” de dicha capacitación debido a que no se estableció indicadores, metas ni objetivos.

 

De acuerdo con la autoría, se pudo verificar que en 2013 el Sistema de Control Interno de la PGR presentó debilidades derivadas de una carencia de estructura organizacional, manuales de organización y procedimientos específicos que repercutieron en el logro de objetivos y metas en materia de su propio personal.

 

Las deficiencias señaladas en autoría apuntan como “consecuencia social” que a la fecha no se ha logrado asegurar que los 12 mil 740 servidores públicos de la dependencia cuenten con las competencias técnicas y sustantivas que requiere la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal.

 

En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dictó ocho observaciones, cuatro de las cuales fueron solventadas antes de la presentación del informe sobre la Cuenta Pública de 2013, las cuatro generaron el mismo número de recomendaciones al desempeño a fin de que la PGR analice el por qué no incorporó en su estructura presupuestal el gasto ejercido en la Unidad para la Implementación del Sistema Penal.

 

Aunado a ello, la ASF reconoce en su dictamen, un rezago en la implementación de dicho sistema en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, debido a que se “subordinó” la asignación de recursos a otros objetivos públicos.