Sin una justificación aparente, cinco consejeros de la Judicatura Federal se autorizaron un incremento salarial de 5% en 2013, lo que representó un aumento de entre 165 mil 500 pesos y 184 mil pesos, además a ello se le sumó un pago por horas extraordinarias sin que se presentara evidencia del control para ello, reveló la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Los funcionarios llegaron a percibir en un año entre un millón 992 mil 100 pesos y dos millones 9 mil 400 pesos, monto superior al del Presidente de la República, se afirmó.
“Se autorizó un incremento en las percepciones de cinco servidores públicos con nivel salarial con clave CF10101, nivel 02, en forma retroactiva al 1 de enero de 2013, que representó un incremento bruto total por servidor público que va desde 165.5 hasta 184.0 miles de pesos equivalente a 5.0% de incremento en el sueldo base y compensación garantizada…”, informó la ASF en su informe 2013.
El organismo argumentó que no hay ninguna ley interna que avale dicho incremento salarial, además que fue retroactivo al 1 de enero de dicho año.
“No obstante que en el Considerando Décimo Séptimo en Materia de Servicios Personales… por el que se establecen las medidas de carácter general de racionalidad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión para el ejercicio fiscal dos mil trece, se estableció que sus percepciones no tendrían incremento salarial en términos reales”.
Detalló que los consejeros de la Judicatura reciben un sueldo bruto superior al del presidente de la República, lo cual no está permitido por las leyes vigentes.
“En esos mismo cinco casos, las remuneraciones anuales fueron mayores desde 1,992.1 (un millón 992 mil 100 pesos) hasta 2,009.4 ( dos millones 9 mil 400 pesos), respecto de las remuneraciones o retribuciones netas del Presidente de la República; y desde 83.4 (83 mil 400 pesos) hasta 295.9 (295 mil 900 pesos)”.
Además que recibieron un pago por horas extraordinarias por 67 mil 311 pesos sin que se presentara evidencia del control de asistencia que sirvió de base para su otorgamiento.
Cuestionados por 24 HORAS, funcionarios del Poder Judicial reconocieron que Ley General de Salarios Máximos establece que ningún servidor público debe de ganar más que el Presidente de México, sin embargo, dijeron existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que explica que dicho reglamento sólo se deberá aplicar a la creación de nuevas plazas de consejero o ministro, ya sea en el CJF o en la SCJN.
Por ello las plazas que ya existían no pueden ser incluidas en estos lineamientos con base a las leyes del trabajo, pero en caso de la generación de nuevas plazas, tendría que ser diferentes.
Sin protección, archivos del CJF
El Consejo de la Judicatura Federal no tiene un respaldo técnico de sus archivos digitalizados que avalen la continuidad del trabajo judicial en caso de un desastre o un software malicioso, afirmó la Auditoría Superior de la Federación en su informe 2013.
En el rubro de Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios Técnicos de Información y Comunicaciones se explicó que no hay un respaldo de su información digitalizada, que además puede estar expuesta fácilmente a cualquier tipo de intromisión de un servidor ajeno.
“El Consejo no cuenta con medidas suficientes para proteger la información, debido a que se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad y no asegura la continuidad de su operación, al no contar con un Plan de Recuperación en Casos de Desastres”.
Explicó que con base a la auditoria sobre la seguridad de sus equipos de cómputo, se evaluó seis servicios web de la entidad, se detectaron cuatro vulnerabilidades de criticidad alta, 45 vulnerabilidades de criticidad media, 25 vulnerabilidades de criticidad baja y 8 de carácter informativo, lo que podría comprometer la seguridad de estos servicios.
“Se identificaron 14 tipos de puertos que representan un riesgo para la entidad fiscalizada al encontrarse activos y ser dinámicos, ya que éstos pueden ser utilizados por algún tipo de software malicioso que podría infiltrarse en las redes, dañando equipos de cómputo o sistemas de información sin el consentimiento de su propietario”, advirtió la Auditoría.
“De lo anterior se concluye que al no contar con una configuración estándar mínima y con un análisis de seguridad periódico en los recursos informáticos que permita a la entidad fiscalizada identificar las vulnerabilidades en servicios y puertos, existen riesgos que pudieran comprometer la seguridad de la infraestructura tecnológica”, alertó.
En este sentido el Poder Judicial Federal informó que después de estás auditorias se procedió a subsanar las recomendaciones y se crearon Centros de Datos Principal nivel II, para tener el respaldo técnico de los archivos digitales del PJF, con lo cual está garantizada la continuidad de la dinámica judicial en el país.
En una de las recomendaciones se advirtió sobre la obsolescencia del equipo de cómputo adquirido, pues en diciembre del 2014 se detectaron mil 243 equipos de cómputo almacenados, lo que significa el 53% las máquinas adquiridas en junio de 2013, mismas que nunca fueron utilizadas y quedaron obsoletas.
Asimismo, a la fecha no se cuenta con evidencia de la instalación de 79 equipos del Pedido P/016/2013, ya que el proveedor no ha proporcionado los resguardos correspondientes.
Se emitió una recomendación para que el Consejo de la Judicatura Federal adopte un esquema de adquisición que le permita pagar por los equipos que van a ser utilizados, sin que se vuelvan obsoletos, ya que se detectó que a diciembre de 2014 había mil 243 equipos almacenados, de los 2 mil 315 equipos adquiridos en junio de 2013.
Mientras que de los mil 131 PC Y UPS solicitados para entrega y en su caso instalación en 2013, al 31 de diciembre de 2013 solo se cuenta con evidencia de la instalación de 793, por lo que no hay evidencia que de que los 338 equipos restantes se hayan distribuido conforme a las solicitudes.
“Este esquema de adquisición de equipo de cómputo, no refleja las mejores condiciones para la entidad, ya que: los equipos almacenados se vuelven obsoletos por el avance tecnológico tan dinámico; en un año de no haberse aprovechado, pierden el 25.0% de su vida útil (se estima de 4 años); implica un costo financiero al adquirir equipos que no se utilizan, debiendo solo adquirir los equipos que se requieran con una adecuada planeación”, se concluyó.
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