Ahora que comienza a cerrarse el cerco político sobre el ex gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero, el PRD debería ser más honesto y no sólo soltar lastre sino reconocer que el priista fue impuesto por Marcelo Ebrard como candidato perredista en el 2010 a pesar de que todos conocían sus debilidades.
La táctica de “ganar con quien sea” se convirtió en un problema político para el PRD. Y al PRD se le olvida hoy que en el 2010 hubo oposición interna a la nominación del entonces aún priista Aguirre Rivero; el precandidato perredista Armando Ríos Piter declaró en agosto de 2010 que “los jóvenes que están ingresando al sol azteca verían con malos ojos que la candidatura quedara en manos del priista Aguirre; Aguirre no es de izquierda, es priista, no ha renunciado al PRI; los perredistas no quieren un candidato priista”.
Y si ahora el PRD se sorprende de los modos de hacer política de Aguirre, en el 2010 cerraron los ojos a esa realidad: Aguirre siempre fue una pieza política del figueroísmo que reprimió a la disidencia social, el primer Figueroa que contabilizó 500 desaparecidos políticos en su sexenio y el segundo que cayó por la matanza de campesinos en Aguas Blancas que reveló el periodista Ricardo Rocha.
Con el aval y el apoyo de Rubén Figueroa Alcocer, Aguirre fue hecho presidente del PRI estatal 1993-1996 y Figueroa lo señaló como su sucesor al renunciar a la gubernatura por Aguas Blancas. Así, el figueroísmo anti luchadores sociales de la izquierda rural y luego del perredismo fue impuesto en el 2010 como representante de los valores éticos y políticos del PRD.
El operador de la maniobra de colocar a Aguirre como candidato del llamado Diálogo por la Reconstrucción Nacional -PRD, PT y Convergencia, coordinado por el diputado perredista Manuel Camacho- fue Marcelo Ebrard, entonces jefe del gobierno del DF y beneficiario de posiciones dentro del gabinete de Aguirre para drenar recursos locales al GDF. Y el presidente del PRD que destapó a Aguirre fue Jesús Ortega Martínez.
El PRD estaba obligado a un mayor rigor en la nominación del candidato a gobernador en el 2010 porque en Guerrero estaba terminando su sexenio el gobernador perredista Zeferino Torreblanca, envuelto en acusaciones de represiones y crímenes políticos que afectaron al PRD, como el de su ex secretario de Gobierno y presidente del legislativo local Armando Chavarría.
A lo largo de sus menos de tres años como gobernador, Aguirre construyó un cacicazgo personal y familiar; el PRD de Los Chuchos siempre estuvo enterado de los comportamientos de Aguirre pero nada hizo para evitarlos o para exigir cuentas éticas. El día en que ocurrieron las inundaciones en Guerrero, Aguirre estaba de festejo con toda la clase política: una foto los muestra a todos tomados del hombro alrededor del nuevo gran cacique político.
Lo único malo para el PRD era que Guerrero se presentó siempre como un baluarte de las organizaciones sociales en lucha, desde la guerrilla hasta los defensores de derechos humanos. El PRI en Guerrero había dejado una larga estela de represión y crímenes políticos, cuando menos cinco gobernadores fueron destituidos en la segunda mitad del siglo XX por matar a disidentes. Y aún con esa marca, el priista Aguirre fue impuesto como candidato a gobernador.
Lo que viene para Guerrero es más de lo mismo. La candidata Beatriz Mojica representa los intereses de Aguirre y Ebrard y por tanto del viejo PRI y del figueroísmo latente. Y peor aún; la candidata del PRD fue parte del gabinete de Aguirre y por tanto participa de la corresponsabilidad de la represión que ha ensangrentado las manos del PRD porque el funcionario que dio la orden de detener a los 43 normalistas y entregarlos a Guerreros Unidos fue el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, también pieza del aguirrismo.
Y votar por Mojica es votar por Aguirre.