A 480 días de que venza el plazo constitucional para que el nuevo sistema penal opere al 100% en el país, sólo en cuatro estados se ha implementado en su totalidad. Ante la situación, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia en Penal (Setec) y los gobiernos de los estados iniciaron un “plan estratégico”.
María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Setec, advirtió que no hay “marcha atrás” y aquellos gobiernos locales o autoridades que no acaten dicha aplicación incurrirán en un acto “totalmente inconstitucional, y por lo tanto los juicios que se llevaran después del 18 de junio de 2016 tendrían que ser declarados inconstitucionales y esto generaría precisamente una impunidad en nuestro país”.
Se informó que se diseñaran planes tácticos para instituciones locales que no tengan tiempo suficiente para terminar la construcción de centros de justicia, además se determinará la capacidad de gestión de los operadoras en las entidades a través de la incidencia delictiva, el tamaño de la población y el número de denuncias.
Asimismo se tiene contemplado reforzar los programas de acompañamiento para las 26 entidades federativas.
“Se ha diseñado un programa mucho más flexible. Anteriormente nosotros presentamos ocho proyectos, que fueron aprobados inicialmente por el Gobierno de México y el de Estados Unidos, en donde se apoyarían cuestiones relacionadas con salas de juicios orales, servicios periciales, temas relacionados con tecnologías a la información, que estos son equipamientos de computadoras y servidores”, señaló Fromow.
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, titular del Órgano Implementador en Chihuahua, puntualizó que “cuando platicamos con las entidades les parece muy complicado la actuación de los policías, de los peritos, de los jueces, de los defensores, pero la verdad es que cuando los ven en el ámbito de acción, cuando se dan cuenta que este sistema es muy lógico y que se puede trabajar con él, es mucho más sencillo”.
Avances
Hasta ahora, este nuevo sistema de justicia alcanza a 53.4% de la población del país, es decir, a más de 64 millones de personas, revelaron estadísticas del Consejo Nacional de Población (Conapo), mientras que se ha concretado un avance de 90% de la legislación adecuada para el nuevo sistema de justicia en el ámbito estatal tanto al Código Nacional de Procedimientos Penales como a la Constitución.
“Tenemos ya modelos de actuación en los operadores de 22 entidades federativas, lo que implica manuales de operación, protocolos, cédulas de puestos, diagramas necesarios para la operación”, aseveró Fromow.
En conferencia de prensa, acompañada por los titulares de los Órganos Implementadores del nuevo sistema de justicia de Guanajuato, Michoacán y Chihuahua, puntualizó que para desarrollo de dicho plan en la actual administración se ocupará de un monto “sin precedentes” proveniente de recursos federales del FASP, del SUBSEMUN, SPA.
Además se cuenta con el Fondo de cinco mil millones de pesos especialmente destinados para la capacitación, infraestructura y equipamiento.
Se informó que entre 2010 y 2012 se destinaron dos mil 039 millones de pesos para la implementación, mientras que entre 2013 y 2015 otorgaron ocho mil 744 millones de pesos.
Además de dicho incremento la secretaria mencionó la participación de recursos de la Iniciativa Mérida, que con los que se está llevando a cabo un proyecto para equipar 58 salas de juicio oral; de los cuales en un primer bloque se entregaron seis salas de audiencia repartidas entre cuatro entidades.
Como parte del avance en la capacitación de docentes certificados, Fromow Rangel presumió que tan sólo en los últimos dos años (2013-2014) se certificaron dos mil 615 docentes; dos mil 266 por examen y 136 por mérito, a fin de asegurar “la calidad del desarrollo de los planes y programas de capacitación”, mientras que en los tres años anteriores a dicho período sólo se certificó a 63 docentes.