A dos años de su promulgación, la reforma educativa no se refleja aún las aulas, el lugar donde tendría que impactar primero, lamentaron expertos.
A la fecha, ocho estados enfrentan una controversia constitucional por no adecuar sus leyes estatales de educación con la legislación federal, y en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, controlados por la disidencia magisterial, el censo de escuelas, maestros y alumnos se aplicó de manera parcial.
Frente a las resistencias contra lo que se planteó como la primera gran reforma del gobierno de Enrique Peña Nieto, que devolvería al Estado la rectoría sobre la educación, el secretario del ramo, Emilio Chuayffet Chemor, plantea ya un nuevo ajuste a la legislación que permita a la Federación hacerse cargo del sector en aquellos estados en “rebeldía”.
Al respecto, el recién nombrado director para México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de los Estados (OCDE), Roberto Martínez, consideró prematuro evaluar cuantitativamente los efectos de la reforma, pero respaldó las medidas especiales que tomara el Estado Mexicano para casos “extremos” en estados donde no se ha implementarse: Oaxaca y Michoacán, principalmente.
Para el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Juan Carlos Romero Hicks, la reforma era necesaria pero ha resultado insuficiente. En su opinión, falta “entrarle” al modelo educativo del nivel superior y regular la relación del SNTE con los maestros y los gobiernos locales y federal para evitar abusos.
También acusó a los gobiernos federal y locales de Oaxaca, Michoacán y Guerrero de ser omisos y negligentes al no aplicar la ley y evitar la imposición de sanciones a los integrantes de la disidencia magisterial que han impedido el avance de la misma en sus estados.
El director de la organización Mexicanos Primero, David Calderón, criticó la actuación “contradictoria” del gobierno federal pues por un lado involucra a las secretarías de Educación y Hacienda para hacer operativa la reforma y por el otro, Gobernación condona sanciones y llega a acuerdos extraoficiales con la CNTE tal como ocurrió el pasado 10 de febrero, en medio de los bloqueos que protagonizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la capital del país.
Para el investigador del Colegio de México Manuel Gil Antón, quien participó como asesor de la SEP en los foros sobre las reformas a los modelos educativos celebrados el año pasado, la reforma se quedó en una fase administrativa que ni siquiera ha logrado plantear, operar ni concretar cuál será el modelo educativo para formar a los niños y maestros del futuro.
En su opinión, ni el gobierno ni la sociedad mexicana le han dado a los maestros el lugar ni la importancia que les corresponde como los formadores y educadores; este reconocimiento no debería expresarse a través de prebendas sino de capacitación, formación y redignificación de su profesión, dijo.
En su mensaje semanal, el lunes el Consejo Coordinador Empresarial señaló que es necesario defender la “puntual” implementación de la reforma e insistió en que esta es sólo el inicio de un largo proceso de cambio.
El costo político de la reforma
El 25 de febrero de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó las reformas a la Ley General de Educación en el Palacio Nacional. Lo acompañaron los presidentes de los tres partidos políticos más grandes del país: PAN, PRI y PRD, quienes gracias a ella palomearon el primer gran reto del Pacto por México.
A la ceremonia no asistió Elba Esther Gordillo, exlideresa vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hasta entonces mayor aliado del gobierno federal. Al día siguiente, la poderosa “maestra” fue detenida durante un operativo de las fuerzas federales en el aeropuerto de Toluca: la acusaban de desviar fondos de las cuotas sindicales para su uso personal.
Su costo incluyó incluso un enfrentamiento con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuando el gobierno federal los expulsó del Zócalo capitalino en septiembre de ese año.
En el episodio más reciente, el pasado 9, 10 y 11 de febrero entre siete y 15 mil profesores de la sección 22 de Oaxaca bloquearon Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, para exigir plazas, el pago de “adeudos” del gobierno federal (más de tres mil plazas de las cuales el gobierno oaxaqueño no ha logrado comprobar que corresponden a maestros frente a grupo) y la abrogación de la reforma.
Todos esos días suspendieron clases y aun así, el gobierno federal les concedió no sancionarlos como correspondía según la ley educativa.
Ya con sus leyes secundarias operando, la reforma educativa propone la evaluación docente como único medio para acceder y mantener una plaza magisterial y obtener beneficios salariales como maestro; se entrega autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), encargado de evaluar a los profesores, alumnos y al sistema educativo en general.
Se da autonomía de gestión y presupuesto propio a las escuelas; instaura la obligación de la autoridad educativa de capacitar y actualizar a los profesores; propone la reforma de las Escuelas Normales para mejorar la formación de los docentes; exige a los comisionados sindicales que renuncien a sus salarios de maestros si no están dando clases; y contempla el despido de los profesores que se ausenten tres días en un mes sin justificación, entre sus puntos más importantes.
Además, de acuerdo con las reformas en la Ley de Coordinación Fiscal, el gobierno federal administra a partir de este año los recursos de la nómina magisterial, entregándolos directamente a los profesores para evitar pagos a aviadores y desvíos fiscales.
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