El pleno de la Cámara de Diputados aprobará hoy la reforma constitucional que dará vida al Sistema Nacional Anticorrupción, misma que avalaron ayer los integrantes de la comisión de Puntos Constitucionales.
El proyecto fue avalado con 24 votos a favor, una abstención y un voto en contra. Los legisladores aprobaron un total de 14 reformas a diversos artículos de la Constitución.
“Será una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”, señala el proyecto.
“Con esta reforma se podrá imponer sanciones a los particulares vinculados en actos de corrupción, mismos que consistirán en: inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución e intervención de la empresa, la obligación de reparar los daños al erario”, agrega.
El sistema tendrá siete integrantes los titulares de la: Secretaría de la Función Pública, Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, la Auditoria Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del Instituto Federal de Acceso a la Información y Acceso a la Información, del Consejo de la Judicatura Federal y el Comité Participación Ciudadana.
Además, dotará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de mayores facultades, entre ellas, “se elimina el principio de anualidad, es decir podrán auditar en tiempo real, ya que sólo podían auditar dos años atrás. Actualmente rinde un informe general que ahora será denominado ejecutivo, y con la reforma habrá informes de carácter individual.
“Podrá auditar fondos y fideicomisos no sólo públicos sino también privados que manejen recursos federales. Se permite que la Auditoría Superior fiscalice a los órganos autónomos”, adelantó Julio César Moreno, quien preside la comisión.
Explicó que el titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quien actualmente se limita conocer de la revisión contra las sanciones que imponen las contralorías internas, podrá, ahora, sancionar tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.
Además, contará con un Comité de Participación Ciudadana, que “será integrado por cinco destacados ciudadanos que hayan contribuido a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción”, propuesto por el jefe del Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República.
En este mismo sentido, tanto el titular de la Secretaría de la Función Pública (hoy Virgilio Andrade Martínez) y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, serán designados, también, por el presidente de la República y ratificado por el Senado.
Los grupos parlamentarios de Morena y del PT se ausentaron de la discusión debido a que señalaron que la reforma “es una simulación, por dejarle al Ejecutivo la facultad de nombrar a los titulares de las nuevas figuras reguladoras”.
Comments are closed.