Pareciera que funcionarios públicos, legisladores y líderes de partidos empiezan a darse cuenta que la corrupción e impunidad en México le han asestado un golpe de muerte a la confianza que la ciudadanía le tiene al Gobierno y al sistema político en pleno.
¿Pero hasta dónde es responsabilidad de la propia ciudadanía el que esa corrupción e impunidad hayan mermado la credibilidad de los mexicanos en las instituciones y hayan generado una crisis de percepción internacional que vapulea a México en más de un sentido?
Por su circunstancia socio-económica, los mexicanos somos una población sensible a los precios. Si una persona tiene la opción de comprar en la calle a un precio muy accesible un artículo, cuyo valor en una tienda establecida es hasta 70% más caro. Lo va a adquirir.
No hay conocimiento, ni interés, en saber por qué es mucho más caro en una tienda (pago de impuestos, luz, proveedores, salarios, renta…) O mejor dicho, por qué es 70% más barato (porque es robado o pirata).
Todos sabemos que el comercio informal es una actividad ilegal. Se trata de una multimillonaria actividad económica que no paga impuestos y que, en muchos casos, ofrece al consumidor a través de puestos ambulantes, en semáforos o en tianguis mercancía robada y/o ‘pirata’ bajo la mirada complaciente de la autoridad.
Los partidos políticos, a través de sus diputados locales o jefes delegaciones, favorecen este comercio ilegal para cobrarles cuota por ‘derecho de piso’ y, además, empadronarlos como parte de su ejército político.
Sin embargo, la consecuencia de ese tipo de ‘negocios’ políticos cimentados en la corrupción e impunidad, en la negociación de la ley, ha tenido como consecuencia la industrialización del crimen organizado para proveer de mercancía robada o pirata al comercio informal.
Si hay demanda de los productos que ofrecen los comercios ambulantes siempre habrá proveedores. Y si lo que se demanda son artículos robados o pirata por supuesto que habrá surtidores los cuales, adivine qué, en efecto, son el último eslabón de grupos dedicados al robo de transporte de carga en carreteras, o asaltantes, o falsificadores…
Pareciera poca cosa pero la actividad de estos grupos suele ser un ‘side business’ del verdadero negocio: las actividades criminales de alto impacto que han desmoronado el prestigio internacional de México y que empezaron, también, por la corrupción del sistema político varias décadas atrás.
Pareciera pues que México es el ejemplo de lo que sucede cuando la educación nunca fue prioritaria. La consecuencia de esas elites de poder que buscaron preservarse en la punta de la pirámide manteniendo a la población lo más dócil e ignorante posible.
Comercio informal como una actividad tolerada para permitir el autoempleo en un país incapaz de generar empleo. Una actividad que resultó ser el outlet perfecto para productos robados o pirata. Un enfoque de negocios que, valiéndose de la necesidad de ahorro de la gente y de la ignorancia, con su dinero fondean actividades del crimen organizado.