Con 409 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, fue aprobada la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que el dictamen fue enviado al Senado de la República para su análisis.
El dictamen tuvo resistencia por parte de legisladores del Partido del Trabajo (PT), Morena y Movimiento Ciudadano, quienes que la figura del jefe del Ejecutivo federal no fue tocada por la reforma anticorrupción.
El nuevo sistema será una instancia para coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a fin de prevenir, detener y sancionar hechos de corrupción, así como fiscalizar y controlar recursos públicos de entidades federales y administraciones estatales.
El SNA estará integrado por siete representantes de diversas dependencias vinculadas a las transparencia y rendición de cuentas: la Secretaría de la Función Pública (SFP); de la aún pendiente Fiscalía Anticorrupción; los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Ifai), así como de un representante del Consejo de la Judicatura Federal y del Comité de Participación Ciudadana.
Entre los cambios a resaltar se ubica el de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que tendrá nuevas atribuciones al poder auditar en tiempo real; actualmente sólo puede auditar dos años atrás.
Otra de las instancias a las que le confieren mayores atribuciones es al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que ahora podrá sancionar tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves.
Cuestionan alcances
El dictamen enviado a la Cámara de Senadores prevé cambios a 14 artículos de la Constitución y, de ser avalado por la colegisladora, tendría que ser turnado para aprobarse por la mayoría de los Congresos locales.
Sin embargo, evita modificar el artículo 108 de la Carta Magna, por lo que seguirá intacta la protección al Presidente de la República y sólo se podrá acusar en casos de traición a la Patria o por delitos graves del orden común.
En este sentido, algunas organizaciones de la sociedad civil propusieron reformar dicho artículo constitucional, a fin de incluir en los sujetos a sancionar la figura del Ejecutivo federal cuando éste incurra en ilícitos relacionados a la falta de honestidad, tal y como quedó aprobado para los demás servidores públicos.
“Así es el combate a la corrupción, es imposible hacerlo de abajo hacia arriba, y estamos claros que seguirá habiendo impunidad arriba, y una prueba es que en el dictamen no se quiso poner la posibilidad de juzgar al Presidente de la República por otros delitos que no sea el de traición a la Patria”, dijo Ricardo Cantú (PT).
Por su parte, el diputado Héctor Gutiérrez De la Garza (PRI) hizo un llamado al Senado de la República para dar celeridad a la ratificación de esta enmienda constitucional -que incluye 25 propuestas de la sociedad civil- y a no detenerla como ha ocurrido con otras diez que ha enviado la Cámara de Diputados.