Un grupo de ONG internacionales exigió hoy al Gobierno mexicano que acate las recomendaciones que emitan los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegarán a México en marzo para analizar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

 

“Las organizaciones firmantes coincidimos en que la trascendencia del delito cometido en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y de las graves violaciones de derechos humanos en México requiere un minucioso escrutinio internacional sobre el actuar de las autoridades federales, estatales y locales en el país”, apuntan en un comunicado.

 

El documento está firmado por Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

 

El 12 de noviembre de 2014, el Gobierno mexicano, los familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes firmaron con la CIDH un acuerdo mediante el cual aceptaron la conformación del referido grupo, cuyos integrantes fueron elegidos por la CIDH el 16 de enero de 2015.

 

Tras una reunión los días 11 y 13 de febrero de 2015 se elaboró un plan inicial de trabajo y determinar sus primeras acciones en México, que comenzarán este mes de marzo.

 

“Exhortamos al Gobierno mexicano a comprometerse públicamente a acatar las recomendaciones y conclusiones que emita el grupo interdisciplinario”, señalaron las ONG en el documento.

 

Además, exigieron que el grupo cuente “con los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo su mandato y emitir sus conclusiones con absoluta autonomía y con base en parámetros técnicos”.

 

Los estudiantes desaparecieron el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, a manos de policías locales, quienes los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos.

 

Según la versión oficial, los delincuentes asesinaron a los jóvenes y los incineraron en un basurero, unas explicaciones que los padres todavía se resisten a creer por las presuntas irregularidades en las investigaciones.

 

GH