La captura de Servando Gómez La Tuta, el líder de los Caballeros Templarios —el cártel que aterrorizó Michoacán durante años— es un nuevo golpe de efecto del gobierno mexicano en su intento por reducir la lista de los capos más buscados, pero nadie espera que la violencia o el narcotráfico disminuya con su detención.
El crimen organizado se reacomodará mientras el cártel golpeado ahora se reagrupa o da origen a nuevos grupos, como ha ocurrido en las anteriores ocasiones en las que México ha capturado o matado a un líder de la delincuencia.
“Desmantelarlos era un paso necesario pero no acaba con el problema de la inseguridad“, dijo Alejandro Hope, un analista de seguridad. “La siguiente fase es más complicada. Hay pequeños grupos, remanentes que extorsionarán, robarán y posiblemente fabricarán metanfetaminas”.
Gómez, un maestro de primaria de 49 años reconvertido en uno de los narcotraficantes más poderosos de México, fue capturado después de meses de trabajo de inteligencia el viernes de madrugada en Morelia, Michoacán, junto a otras ocho personas que tenían en su poder armamento pesado, incluido un lanzagranadas, y en un operativo en el que no hubo ni un solo disparo, dijo el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.
El cártel de los Templarios, un grupo con inclinaciones seudo-religiosas que se escindió de La Familia Michoacana, había logrado un “control absoluto” del estado, en palabras del secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong. Orquestaba la vida política, controlaba la economía, cobraba “impuestos” —extorsiones_, predicaba un particular código de devoción a Dios y a la familia, mataba, asesinaba y generaba terror.
Pero la organización perdió poder cuando miles de civiles se alzaron en armas en 2013 y crearon los grupos de autodefensas para luchar contra ellos y, sobre todo, cuando el gobierno federal intervino en Michoacán en enero de 2014 para poner orden en el estado.
El presidente Enrique Peña Nieto, que llegó al poder hace poco más de dos años, ha tenido éxito en la captura de importantes narcotraficantes, incluido el capo de capos y líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, detenido hace un año.
En total, en los últimos seis años han sido arrestados o abatidos en México 10 líderes criminales, seis de ellos durante el mandato de Peña Nieto. Y de los máximos capos sólo sigue libre Ismael El Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa.
“Estamos avanzando, estamos respondiendo, estamos teniendo importantes aprehensiones de los objetivos más importantes, de los delincuentes más buscados”, señaló el viernes el presidente. “Pero sobre todo, seguimos trabajando para lograr el México de paz que queremos”.
Sin embargo, las detenciones, aunque sean de líderes poderosos, parecen tener poco efecto en el tráfico de drogas. Las aprehensiones en la frontera entre México y Estados Unidos, la única manera de tener una estimación del tráfico, han fluctuado de las 1.220 toneladas de 2010 a las 1.410 de 2011 y las 1.040 de 2014, según cifras oficiales estadunidenses.
El gobierno mexicano asegura que recuperó Michoacán de manos de Los Caballeros Templarios y que la captura de Gómez fue la cereza del pastel, un arresto de especial simbolismo.
Sólo faltan tres capturas en Michoacán
En entrevista con The Associated Press, el procurador michoacano José Martín Godoy explicó que sólo quedan dos o tres capturas importantes en el estado pero garantizó que la estructura de los Templarios está destruida porque se le comenzó a golpear desde la base y desde distintos ámbitos de forma simultánea.
“Ya no hay grupos de crimen organizado, hay individuos criminales”, dijo el fiscal, nombrado por el gobierno federal como parte del despliegue de enero de 2014 para asumir el control de Michoacán.
Como muestra de lo que las autoridades consideran un éxito, Martín Godoy indicó que en un año de trabajo más de seis mil personas han sido detenidas, entre ellas 352 servidores públicos —autoridades políticas, administrativas y policías— con delitos que van desde el “halconeo” — ser informante del crimen_, hasta la extorsión, el homicidio, el secuestro o el peculado. Entre los procesados se encuentra el ex gobernador interino Jesús Reyna.
Además, Martín Godoy indicó que se han asegurado 160 inmuebles de templarios, cerrado 15 minas —el hierro ilegal era uno de los negocios de los Templarios— y hay abiertas 10 investigaciones sobre empresas.
Pero los expertos dudan de los efectos a medio y largo plazo de estos resultados.
“Es peligroso sugerir que Los Caballeros Templarios están desmantelados”, explicó David Shirk, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de San Diego. “Puede que les lleve seis meses o un año pero este es un grupo de actores ilegales que ha conservado el poder. Sus raíces se remontan a los años 80 y 90. Tienen diferentes etapas, cambian los nombres, cambian los líderes pero el problema persiste”.
De hecho, Los Caballeros Templarios surgieron como una escisión del cártel de La Familia, donde La Tuta comenzó transportando marihuana antes de convertirse en uno de sus líderes, hace una década. El cártel se presentó como un grupo ejecutor de la justicia divina dispuesto a proteger a los michoacanos de Los Zetas, pero era una organización sanguinaria que adiestraba a sus miembros en las técnicas más violentas, desde ejecuciones a desmembramientos, y que solía emboscar a militares y policías federales.
Las autoridades golpearon duro a La Familia ya en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y en 2010 consideraron derrotado al grupo tras abatir a su entonces líder Nazario Moreno El Chayo. Pero La Familia se movió a los estados vecinos de Guerrero y Estado de México, donde ahora lucha contra otros grupos rivales por el control del creciente y lucrativo tráfico de heroína.
El Chayo, que realmente no murió cuando el gobierno lo anunció, creó entonces los Caballeros Templarios junto a La Tuta y ambos asumieron un control todavía mayor de Michoacán.
Después, en 2014, cuando las autoridades realmente mataron a Nazario Moreno, y Servando Gómez tuvo que esconderse, Los Templarios empezaron a operar también en Guerrero, al menos en la localidad de Ciudad Altamirano, donde exigen el pago por protección a los pequeños comerciantes.
El hermano del dueño de una cadena de farmacias y quien pidió el anonimato por temor a represalias, aseguró que todos los comercios en Altamirano pagan “cuotas” anuales que van desde los cinco mil a los 30 mil pesos (de 335 a dos mil dólares) por el mero hecho de poder funcionar. Si no pagan, las consecuencias son claras: Violencia, secuestros y la quema de establecimientos.
“Tengo que la impresión de la captura de La Tuta es otra detención sin consecuencias judiciales”, señaló Edgardo Buscaglia, un experto en crimen organizado e investigador de la Universidad de Columbia. “Lo único que se pretende es reordenar el mapa para alcanzar una especie de paz mafiosa al margen del sistema de justicia que mejore la imagen de la administración de Peña Nieto”.
Y en Michoacán muchos coinciden. A pesar de que el viernes había vehículos voceando la noticia de la detención con ediciones especiales de algún periódico local, cunde el escepticismo.
“La detención no es ni buena ni mala, creo que sólo es un modo de distracción del PRI —el partido en el gobierno federal— en periodo electoral”, dijo Roberto Carlos Chávez, un joven de 20 años que vende hamburguesas en Morelia.
“Es una muy buena noticia pero no sé si resolverá los problemas de Michoacán”, comenta por su parte un taxista de esa ciudad, Jesús Osorio. “El crimen organizado seguirá”.
GH