A tres meses de que el presidente Enrique Peña Nieto lanzara un decálogo para reformar el sistema de justicia, combatir la corrupción e impulsar el desarrollo económico del sur del país, sólo una de las propuestas ha sido cumplida y las restantes nueve se encuentran en discusión legislativa o en proceso, mediante grupos de trabajo de las diferentes instituciones involucradas.

 

De acuerdo con una revisión realizada por este diario, del decálogo Por un México en Paz, con Justicia y Desarrollo -presentado el 27 de noviembre de 2014 a raíz de la desaparición de 43 normalistas en Iguala- la asunción de las fuerzas federales de la seguridad pública en 36 municipios de la región de Tierra Caliente es el único punto cumplido.

 

En 22 municipios de Guerrero, ocho del Estado de México, dos de Michoacán y cuatro de Morelos fueron enviados elementos del Ejército, Marina y Policía Federal, cuya misión es, desde el 4 de diciembre de 2014, reestablecer las condiciones de paz social en la zona.

 

Otro de las propuestas que lleva un avance sustancial es el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados y enviada al Senado de la República, aunque según el decálogo, tendría que ir acompañado de otras medidas de rendición de cuentas, como las leyes reglamentarias en materia de transparencia, que todavía se mantienen en discusión y cuyo plazo para su aprobación venció en febrero pasado.

 

Pendientes

 

El plan de combate a la corrupción también incluye un esquema para que la Auditoría Superior de la Federación realice fiscalizaciones durante la ejecución del gasto y no sólo posterior a su ejercicio, lo cual ya contempla la reforma aprobada en San Lázaro, pero falta la creación de un tribunal y un fiscal anticorrupción.

 

Además, están pendientes reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios para endurecer las sanciones a las empresas que se coludan con alguna autoridad, asegurar  que se auditen  los “megaproyectos” del gobierno desde el proceso de contratación hasta su ejecución, así como nuevos tipos administrativos para sancionar a licitantes, contratistas y servidores públicos que evadan la Ley. Todas están en proceso.

 

También está pendiente el paquete de iniciativas de leyes que el Presidente envió para reformar el sistema de justicia del país, según Miguel Barbosa, presidente del Senado, será a mediados de marzo cuando se discutan en el pleno.

 

El nuevo andamiaje legal en materia de seguridad incluye una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, con lo que la Federación estará facultada para disolver un ayuntamiento en caso de indicios de colusión con el crimen organizado, así como instaurar el Mando Único, con lo que desaparecerían las policías municipales.

 

En este sentido, se pretende redefinir  las competencias de las autoridades en el combate al delito con lo que se disolverán mil 800 policías municipales.

 

Existen dos puntos del decálogo que se encuentran en proceso mediante grupos de trabajo interinstitucionales, como la creación del 911 como número único para atender emergencias y la Clave Única de Identidad. Los trabajos para lograrlas están encabezados por la Secretaría de Gobernación.

 

En tanto, las propuestas sobre derechos humanos, el 22 de enero iniciaron foros de discusión sobre justicia cotidiana y el gobierno de México se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas que en junio enviará el paquete de leyes sobre desaparición forzada, tortura y la creación de los sistemas Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y  Nacional de Información Genética.

 

El último punto del decálogo busca impulsar el desarrollo del sur del país, en particular del corredor que va de Guerrero a Chiapas, para ello se publicaron decretos presidenciales de apoyos fiscales, se echaron a andar diversos programas de impulso a la economía local y queda pendiente el envío de un paquete de iniciativas para la creación de tres Zonas Económicas Especiales.