Cuando el 1 de diciembre pasado Luis Videgaray aceptó en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que dejaba abierta la posibilidad de corregir la tan criticada reforma fiscal, es porque efectivamente el gobierno estaba ‘cocinando’ una nueva reforma fiscal para el próximo año.
En aquella ocasión el secretario de Hacienda le dijo textualmente al periodista: “No hay nada que excluya que en los próximos años puedan verse algunos de los impuestos reducidos. Es una discusión a partir de 2016, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Es algo que no estamos cerrados a discutir”.
Era la primera vez que Videgaray aceptaba públicamente la posibilidad de modificar la reforma abandonando la cerrazón que le había caracterizado cuando se abordaba el tema. En los hechos era un reconocimiento implícito de los errores que él y el presidente Peña Nieto cometieron con una reforma que fue moneda de cambio política por los votos de la izquierda para aprobar la reforma energética.
Pero la presión empresarial y los malos resultados en el crecimiento económico producto, entre otros, de los cambios tributarios aprobados en la reforma, arrinconaron al gobierno hasta convertir a la reforma fiscal en uno de los mayores villanos de la economía y uno de lo grandes errores del sexenio.
En la práctica aquella declaración de Videgaray de diciembre pasado, le dio la estocada final al llamado ‘Acuerdo de certidumbre tributaria’, una especie de auto compromiso que hizo el gobierno federal para no tocar el tema tributario en lo que restaba del sexenio y que dio a conocer forzadamente en febrero de 2014 ante las crecientes críticas del empresariado por las medidas de la reforma fiscal y la cerrazón del propio secretario de Hacienda.
Ahora nuevos cambios fiscales están en marcha con miras a la presentación del paquete económico para 2016 en septiembre próximo. Ya Luis Videgaray lo dejó entrever durante su anuncio sobre el recorte al gasto público el 30 de enero pasado. Allí adelantó que se harán los ajuste que “requiere este nuevo escenario”, se trabajará en un “gasto público que sea congruente con la capacidad de financiamiento sostenible por el Estado Mexicano” y se presentará un nuevo presupuesto de gasto bajo el principio de borrón y cuenta nueva a lo que llamó “presupuesto base cero”.
Un anuncio en el que ya vienen trabajando los economistas de Hacienda desde diciembre pasado.
Sin embargo las presiones derivadas de la volatilidad financiera y de la caída en los ingresos petroleros en las finanzas públicas hacia 2016 podrían obligar al gobierno en los próximos meses -y una vez pasadas las elecciones intermedias- a ir más allá de la reestructuración del gasto planteada por Videgaray.
Ese escenario no solo es posible sino incluso considerado como cercano. Por ejemplo los analistas del grupo financiero BBVA Bancomer plantearon la semana pasada la necesidad de una nueva reforma fiscal que, además de la reestructura en el gasto público, comprenda la aplicación de un impuesto al valor agregado, IVA, diferenciado a medicinas y alimentos acompañados de subsidios focalizados en las familias de menores ingresos para compensar el efecto negativo sobre los ingresos de los más pobres.
Estos nuevos cambios fiscales también deberán incluir –según BBVA- una agresiva simplificación del régimen fiscal, un régimen que sigue siendo muy complejo en México y que alienta la informalidad; uno de los principales frenos para el crecimiento económico.
Todo apunta a que viene una nueva reforma fiscal hacia 2016 por lo que las negociaciones han crecido, la tensión que prevalecía entre las cúpulas del sector privado y el titular de Hacienda se ha reducido temporalmente, a la vez que las críticas desde los empresarios han amainado. Claro…por ahora.