La privacidad es un derecho fundamental al que nadie quiere ni desea renunciar. Por más que los gobiernos quieran vender la idea de que debe haber puertas traseras entreabiertas para poder ofrecernos una garantía de seguridad, no convencen a nadie.
En principio no hay que ceder al alarmismo y nadie debe aceptar que ni el gobierno ni una empresa o particular deba tener acceso a toda su información privada. Las violaciones a la privacidad traen consigo un control social en cualquier nivel.
La capacidad de predicción que tienen las nuevas tecnologías para el análisis en tiempo real de esta gran cantidad de datos nos ofrece muchas ventajas no sólo de índole económico, sino también de bienestar social, pero incluso así plantea grandes riesgos para la privacidad personal.
Por ejemplo, en el área de las aseguradoras, disponer de datos anticipados sobre enfermedades susceptibles de ser desarrolladas por ciertas personas podría provocar el aumento de las primas. O en el campo de la enseñanza, si las predicciones a partir del análisis de datos masivos revelaran que el futuro académico de ciertos niños fueran poco halagüeños, se podría dar el caso de su exclusión incluso antes de que iniciaran su ciclo formativo.
Con los recientes acontecimientos acaecidos en Europa relacionados con el terrorismo islámico, aún más los gobiernos tratan de ejercer un control más severo sobre los datos personales. Ahora bien, no está justificada una extralimitación en el control de los datos personales de los ciudadanos. Obama y David Cameron, el primer ministro británico, acordaron la creación de una célula conjunta para coordinar sus agencias de inteligencia y seguridad ante las amenazas cibernéticas. Ahora bien, en principio este acuerdo es benéfico, el problema está en que se desconocen las medidas concretas que se desarrollarán para este fin.
De momento, Cameron tiene la intención en su país de dar a sus servicios secretos más competencias para espiar las comunicaciones por teléfono y por Internet. Más cauto ha sido Obama que ha declarado que se está dialogando con las compañías de telecomunicaciones para encontrar la manera de poder perseguir al terrorista, siempre y cuando se respetan las “legítimas preocupaciones de privacidad”.
Cuando compramos productos y servicios divulgamos información de carácter privado, que en principio es utilizada para personalizar el servicio. Ahora, con internet se ha perdido la capacidad de comprender, de elegir de forma consciente y deliberada qué información sobre uno se desea revelar y cuál no. Si se detiene uno a la protección de datos desde el punto de vista pasivo hay otros derechos fundamentales que tiene todo ciudadano.
Se trata del derecho de información (ser informado de la existencia del fichero donde se gestionarán sus datos; y de su derecho a actualizarlos o eliminarlos), de acceso (conocer y obtener gratuitamente información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento), de rectificación (corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información objeto de tratamiento), de cancelación (supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos sin perjuicio del deber de bloqueo), de oposición (afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo), de exclusión de guías de teléfono, a no recibir publicidad no deseada.
Lo mismo ocurre con los smartphones que incorporan geolocalización y cámaras que permiten el rastreo de todos nuestros movimientos. Toda esta información es enviada sin ser conscientes del alcance que puede llegar a tener. Se prevé que para el año 2020 existan 50 mil millones de dispositivos conectados a internet.
Definitivamente, la vigilancia de los gobiernos, el tratamiento de los datos personales por parte de empresas y la exposición de información involuntaria en internet exige una responsabilidad compartida en cuanto a la privacidad. Se trata de un verdadero reto, ya que hay que encontrar el equilibrio entre seguridad, privacidad y funcionalidad.