Para no caer en la trampa de los discursos huecos y de las promesas falsas de la retórica hay que ir a los resultados concretos. Esa es una de las ventajas de la economía: Casi todo lo que se nos dice o promete, se puede medir.
Hace algunos días la secretaría de Economía dio a conocer los resultados de la inversión extranjera directa durante 2014; es decir, los montos que los extranjeros invirtieron en México en fábricas, edificios, salarios y todo tipo de proyectos productivos.
Esta cifra es muy importante porque nos da cuenta de lo competitivo que es el país en infraestructura, mano de obra o costos energéticos en relación con otras economías para atraer inversiones productivas.
Pero también nos revela el grado de credibilidad que tiene México como destino de inversiones entre la comunidad de inversionistas públicos y privados del exterior en materia institucional, es decir, en asuntos como el estado de derecho, la corrupción o la seguridad pública. Factores que inciden en las decisiones y en los costos de inversión en todo el orbe.
De acuerdo a las cifras de la secretaría de Economía, en 2014 llegaron al país poco más de 22 mil 500 millones de dólares de inversiones del exterior que –de acuerdo a los flujos de los últimos años– es una cantidad típica de la inversión extranjera directa recibida por México cada año. Un monto que también típicamente está muy por debajo de lo que reciben anualmente países como Brasil, Rusia o Canadá.
Sin embargo de esta cifra, solo 4 mil 235 millones de dólares correspondieron a lo que en la estadística internacional se clasifica como ‘nuevas inversiones’.
Y esto es lo preocupante. Primero, porque salvo casos de excepción como en 2013, generalmente México es un receptor de montos relativamente bajos de ‘nuevas inversiones’; incluso bajo la expectativa de reformas estructurales como ocurrió en 2014. Segundo, porque la de 2014 es la cifra de ‘nuevas inversiones’ más baja desde 1999 según se lee en las estadísticas que publica la secretaría de Economía en su página de internet. Y tercero, porque confirma que México, comparativamente con otros países, está dejando de ser atractivo como destino de las inversiones globales.
Este fenómeno ha venido dándose no sólo por factores económicos, como los elevados costos de la energía, la deficiente red de transporte y logística o la insuficiencia de mano de obra capacitada; sino también por una mala percepción sobre la seguridad, la aplicación de las leyes o la extendida corrupción en los proyectos del sector público.
Realidades que elevan los costos de las inversiones y reducen su competitividad particularmente en aquellos estados y regiones con alta incidencia de violencia, de una pobre aplicación del estado de derecho y con una corrupción rampante.
De allí que el atractivo de México como destino de nuevas inversiones no solo no ha crecido, sino que ha menguado comparativamente, particularmente cuando se trata de decisiones de empresas globales que buscan reubicar sus inversiones (reshoring investments) para ganar competitividad.
Es evidente que los discursos políticos y las portadas en las publicaciones extranjeras no modifican decisiones de inversión ni atraen inversiones productivas del exterior. Así que recuperar la confianza para atraer la inversión requiere de acciones concretas y golpes de mesa que no hemos visto en temas institucionales tan sensibles como la aplicación de la ley o la corrupción.