La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó iniciar una investigación contra funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por su responsabilidad en el retraso e irregularidades en las obras de reconstrucción de Guerrero, tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013.

 

La revisión de la Cuenta Pública 2013 auditó 10 contratos que la dependencia, hasta hace unos días dirigida por Jorge Carlos Ramírez Marín, firmó para la reconstrucción de 364 construcciones de vivienda con daño total, 9 reparaciones de vivienda con daño parcial y mil 408 reubicaciones, así como para la introducción de servicios básicos por un monto de 255 millones 784 mil pesos.

 

De acuerdo con la auditoría practicada, y al corte del tercer trimestre de 2014, la mayoría de las obras no habían sido entregadas por las empresas en los municipios de Chilpancingo, Tixtla, Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez sin que se acreditara el motivo del atraso.

 

Por lo anterior, la ASF pidió al Órgano Interno de Control de la Sedatu realizar “las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se acreditó que las viviendas fueron entregadas por parte del contratista a la Sedatu en la fecha estipulada”.

 

Las obras, explica el documento, debieron realizarse “del 3 de marzo al 31 de mayo de 2014, sin que se acreditara que los contratistas han dado cumplimiento a dicho plazo, así como de modificaciones a los contratos respectivos o, en su caso, que se aplicaron las penalizaciones correspondientes, aunado a que la Sedatu no remitió los informes trimestrales”.

 

Entre las irregularidades detectadas, la ASF inspeccionó los terrenos donde se supone reubicarían 49 viviendas, “observándose que sólo se están trabajando en 9 firmes”. Al respecto, la empresa contratada argumentó que las condiciones climatológicas y la dificultad para conseguir las tierras adecuadas causó el retraso.

 

“En cuanto a la construcción de 252 servicios básicos en Chilpancingo, los cuales consisten en la urbanización, instalación de agua potable, drenaje, luz, electricidad, pavimentado y banquetas, así como la conformación de las plataformas para recibir las bases de cimentación donde serán colocadas las viviendas prefabricadas, se observó que no se han concluido los servicios de introducción”.

 

Además, en la localidad de Tixtla se “inspeccionó el terreno en el cual se están construyendo las casas reubicadas y se observó que se tiene un avance de 21 viviendas, por lo que quedan pendientes por concluir 13, de las cuales sólo se cuenta con la plataforma de cimentación”.

 

En suma, en los 52 contratos de la Sedatu para la reconstrucción de Guerrero, “no celebraron convenios modificatorios para extender el plazo de ejecución; además de que al tercer informe trimestral de 2014, se reportaron avances de obra en promedio del 53.1%”.

 

 

Pagó TEPJF 9.7 mdp por software que no sirve

 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió un desfalco en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por 9 millones 731 mil 900 pesos debido a que pagaron por adelantado un Sistema Integral de Armonización Contable que no fue instalado correctamente y a la fecha no funciona.

 

De acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, el tribunal electoral pagó 9.7 millones de pesos a la empresa Blue Ocean Technologies S.A. de C.V. como adelanto del 50% para la instauración de un sistema electrónico que armonizará sus procesos contables.

 

Durante la auditoría se descubrió que hubo irregularidades en la asignación de contrato, y pese al incumplimiento de la empresa, no hubo sanciones por parte del TEPJF.

 

La fiscalización halló que el mismo sistema contable no funcionó en los ayuntamientos de Tijuana y Rosarito ni en un Colegio de Bachilleres de Jalisco, es decir, el tribunal no investigó los antecedentes de la empresa, y aun así, entregó por adelantado el 50% del pago.

 

De hecho, el contrato es plurianual, y aunque el sistema no funciona, todavía está vigente para su administración, por lo cual, la ASF recomendó su rescisión inmediata.

 

“Se determina que el TEPJF no llevó a cabo un levantamiento de requerimientos suficiente que cubriera las necesidades de los procesos; el contrato se adjudicó de forma indebida puesto que la información que entregó el proveedor para el cumplimiento de las bases de licitación no fue fidedigna”, indica el reporte.

 

A raíz de las deficiencias y el incumplimiento en el contrato “se cuenta con elementos que precisan que no se ha logrado la implementación en su totalidad en las entidades públicas ofrecidas por el proveedor, entre otros elementos, debe analizarse la procedencia de la continuidad del contrato plurianual SS/258-13”.

 

Por lo tanto, “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 9 millones 731 mil 900 pesos por los pagos injustificados por la licencia de derecho de uso del software para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.