Además de un estudio criminológico sobre su personalidad, el capo Servando Gómez Martínez La Tuta debería ser sometido a un riguroso análisis como modelo de crisis del sistema político y de crisis del Estado.
De sus declaraciones al momento de su captura, las autoridades revelaron una frase que podría ser el punto de partida para evaluar la crisis de seguridad de México, el colapso del Estado y las exigencias para la recuperación de la estabilidad en materia de seguridad política:
“Había un vacío de poder (en Michoacán) y ante ese vacío tuve que tomarlo (el poder)”.
Aunque tuvo una formación de profesor normalista, La Tuta no tenía por qué saber de las categorías de la ciencia política del Estado; en cuestiones de poder no hay vacíos porque opera el modelo de la economía cero: lo que pierde uno lo ocupa otro. Si La Tuta no hubiera tomado ese poder que el Estado en Michoacán había dejado vacío, otro lo hubiera hecho.
Al final, La Tuta no sólo buscó tomar el control de la vida económica de Michoacán, sino que él se refirió al “poder del Estado”, es decir, al poder político por encima de la sociedad, el que gobierna las instituciones de una sociedad. Así, La Tuta derivó en un poder institucional superior que controlaba al Estado. Por eso asumió el control de la política designando candidatos o subordinándolos a su grupo, cobró impuestos, pactó alianzas con empresarios chinos, sustituyó el juego de partidos políticos y sometió a la sociedad.
Es decir, La Tuta convirtió su cártel en un Estado por sí mismo, ante el vacío o la no-existencia del Estado institucional. La gran incógnita que una investigación de la seguridad política del Estado debiera enfocarse a explicar es qué ocurrió con el Estado en Michoacán. La existencia y poder de La Tuta no se explica del todo con el argumento de la corrupción o el uso de la fuerza. Detrás de la decisión de ocupar el vacío del Estado hubo un proceso que debe ser aleccionador para cualquier estrategia de seguridad.
El narco en Michoacán tenía bastantes años asentado. En 1985, por ejemplo, el cadáver del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar secuestrado por Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca fue tirado en Michoacán durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. De 1986 a 2002 Michoacán fue priista y con alguna presencia de cárteles. Sin embargo, el Estado como tal fue reduciendo su presencia con los gobiernos del PRD, de Lázaro Cárdenas Batel en 2002 a Leonel Godoy en 2012. En ese periodo el Estado autoritario priista fue sustituido por un Estado político progresista sin fuerza para combatir la criminalidad porque ésta se asumía como efecto de la pobreza y la explotación y no la existencia de una maldad social.
El vacío del Estado al que se refirió La Tuta fue el de los años de los gobiernos perredistas: Cárdenas Batel perdió la zona de Lázaro Cárdenas, Godoy permitió que su medio hermano fuera una pieza de La Tuta. Los grupos de narcos se desarrollaron en Michoacán desde 2001. Por tanto, los perredistas deben una explicación de ciencia política al problema de la criminalidad: ¿por qué el Estado se disolvió y por qué los gobiernos perredistas no sólo lo permitieron sino que alentaron ese vaciamiento del Estado, de su poder, de su fuerza y de su autoridad?
La lucha contra los cárteles en Michoacán desde 2009 no fue sólo contra las bandas criminales sino para recuperar los espacios del Estado que tenían en su poder, no el poder político derivado del poder de las armas, sino el poder de las instituciones que el PRD en el gobierno dejó de operar para beneficio de las bandas criminales.
La explicación de ciencia política de la crisis del Estado en Michoacán ayudaría a explicar lo ocurrido en Guerrero, donde también el PRD en el gobierno estatal vació el poder del Estado y el poder criminal suplió el poder del Estado.