RIO DE JANEIRO. La Corte Suprema de Brasil aprobó el viernes una investigación hacia decenas de políticos de alto rango, incluyendo un ex presidente y líderes del Congreso, por presuntos vínculos a la que llamaron la mayor conjura para cobrar sobornos en la historia del país.
En total, 54 personas serán investigadas por el procurador general en el caso que involucra intentos de sobornos en la compañía petrolera estatal Petrobras, si bien se espera que esa cifra aumente con la recopilación de evidencia.
Es muy probable que las investigaciones y cualquier juicio posible duren años, pero la medida hunde todavía más en el caos al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en su segundo periodo, mientras la mandataria enfrenta crisis políticas y económicas. Rousseff no está siendo investigada pese a haber fungido como presidenta del Consejo de Administración de Petrobras durante varios años mientras el complot se llevaba a cabo.
De acuerdo con los expertos, las investigaciones podrían generar aún más estancamientos en el Congreso en momentos en que Brasil y su renqueante economía requieren de la aprobación de reformas fiscal y política. Pero la pesquisa es vista por muchos como un mal necesario para que la democracia del país avance y se sacuda una muy arraigada impunidad de los ricos y poderosos.
“Uno no puede volver a meter el genio a la botella. La gente tendrá que enfrentar las consecuencias”, indicó Paulo Sotero, director del Instituto Brasil en el Centro Internacional de Investigación Woodrow Wilson en Washington. “Solía darse la idea de que personas en cargos de poder en Brasil eran intocables. Ya no son intocables”.
Entre los indiciados que según la corte serán investigados se encuentra el expresidente y actual senador Fernando Collor, quien fue obligado a renunciar a la presidencia por un escándalo de corrupción en 1992 antes de su retorno a la política en años recientes.
También serán investigados el líder del Senado, Renan Calheiros, y Eduardo Cunha, líder de la cámara baja. Ambos son integrantes del poderoso Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), parte de la coalición en el gobierno encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff. Los dos de antemano han mostrado que están listos para generar un grave estancamiento en el Congreso debido a la investigación.
Bajo las leyes brasileñas, la Corte Suprema debe aprobar cualquier investigación de legisladores o funcionarios de alto rango en el poder ejecutivo. Todos los cargos o juicios penales a tales figuras políticas también deben ser aprobadas y analizadas por el máximo tribunal.
Antes de esta semana, los fiscales federales asignados al caso de corrupción habían enfocado sus investigaciones a importantes empresas constructoras y de ingeniería que presuntamente pagaron más de 800 millones de dólares en sobornos y otros fondos durante una conjura que duró más de una década. El dinero supuestamente les generó contratos inflados con Petrobras, y la fiscalía asegura que parte de ese dinero llegó a los fondos de la campaña del PT y sus aliados.