La totalidad de la información recabada en el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), tendrá que ser difundida según solicitó la Cámara de Diputados.
A solicitud de Margarita Morgan Navarrete (PAN), el pleno aprobó un punto de acuerdo dirigido al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que expresa difundir esta información, donde se estima hay 114 mil 998 individuos que reciben un sueldo indebidamente.
“El Cemabe, realizado en 2013, demostró el mal uso de los recursos públicos en el sector educativo mexicano y la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de éstos, ya que hasta el momento, sólo se dieron a conocer datos parciales”, expresó la legisladora panista.
“El acto de rendir cuentas no es a una persona en específico, sino que es una práctica democrática de exponer y difundir la información gubernamental para que la gente pueda revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo de sanción”, agregó.
El punto de acuerdo solicita al Ejecutivo Federal a que explique, aclare y, en su caso, resuelvan las diferencias que se han hecho públicas entre los datos de la nómina educativa dados a conocer a través de dicho censo y los que al respecto reportan las entidades federativas.
El censo, dijo la legislador, arrojó que existen 30 mil 695 comisionados o personas con licencia; asimismo, que existen 39 mil 222 plazas para aviadores.
Esto es, “la corrupción del sistema educativo mexicano ha permitido que los empleados jubilados, renunciados y fallecidos reciban un sueldo en los sistemas educativos estatales. Se trata de 114 mil 998 individuos que reciben un sueldo indebidamente”, precisó.
Agregó que en total, entre “comisionados, “aviadores”, jubilados, renunciados o “fallecidos”, existen 184 mil 915 plazas, lo que Morgan Navarrete calificó como un “reflejo inequívoco de un total desorden de la nómina docente-administrativa”.
Asimismo, explicó que este instrumento, producto de la Reforma Educativa, puso al descubierto la incapacidad de las autoridades educativas del país y la tolerancia que éstas tienen a la corrupción en un ámbito tan importante como es el de la educación. DM