El Consejo General del INE aprobó aplicar una multa por 67.1 millones de pesos al PVEM por incumplir la medida cautelar dictada por el órgano electoral el 31 de diciembre pasado, sobre el retiro de spots en salas cinematográficas.
A propuesta de la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Favela, el colegiado resolvió por unanimidad aumentar la sanción de 37.7 millones a 67.1 millones de pesos, por el desacato a lo mandatado por la autoridad electoral.
En tanto, para las cadenas Cinemex y Cinépolis se aprobó aplicarles una sanción de siete millones 10 mil pesos a cada una por haber desacatado la orden de ya no difundir los promocionales del Partido Verde Ecoogista de México (PVEM).
En la sesión extraordinaria estuvieron presentes los 10 partidos con representación ante el INE, luego de que el 18 de febrero siete de ellos dejaron la mesa de Consejo General en protesta porque se aplazó la discusión de los puntos relativos a las reglas de imparcialidad.
En su intervención, la consejera Favela Herrera explicó que la resolución dictada el 31 de diciembre tomó en cuenta como cuantía base un contrato cuya vigencia no correspondía al periodo de desacato, por lo que la Unidad Técnica de lo Contencioso determinó glosar otro contrato de “cineminutos”.
Ello, explicó, porque dicho documental fue incorporado a los autos por acuerdo del día 25 de febrero, es decir, un día antes de haber circulado el proyecto para su resolución y aprobación en la Comisión de Quejas.
Señaló que el responsable de que no se hiciera el cálculo correcto fue Carlos Ferrer, titular de la Unidad de lo Contencioso del INE, por lo que pidió que el contralor general del órgano electoral, Gregorio Guerrero Pozas, iniciara una investigación al respecto.
A su vez, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, resaltó el desacato del PVEM de retirar su campaña de cineminutos y que las empresas Cinemex y Cinépolis suspendieran la difusión de esta propaganda y la de naturaleza similar.
Agregó que la propaganda continuó su difusión del 1 de enero hasta el 6 de febrero, cuando la instancia jurisdiccional resolvió el fondo del asunto, e incluso con posterioridad a esa fecha el Partido Verde contrató la difusión de diversos promocionales similares en contenidos y expresión gráfica.
Advirtió que la conducta asumida por el PVEM “constituye un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que un partido no sólo no cumple con el acatamiento de una medida cautelar, sino que sigue realizando acciones adicionales en contraposición de las resoluciones del INE”.
Por todo lo anterior, hizo un llamado a todos los actores políticos a “la responsabilidad democrática para que estas conductas no alteren ni contaminen el espíritu de equidad que motivó la pasada reforma electoral y que tiene que prevalecer durante las campañas.
En su oportunidad, el consejero Benito Nacif comentó que en 2009 el entonces IFE propuso sancionar los informes de los legisladores cuando éstos se vincularan con los partidos, medida que fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Agregó que en 2012 volvió a ocurrir lo mismo, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el régimen de que los legisladores podían difundir sus informes de labores, incluso en radio y televisión, fenómeno que se vuelve a presentar en 2015.
Señaló que en la víspera la Sala Especializada del TEPJF propuso cambiar ese criterio, lo que desde hace tiempo podría haberse hecho si el Legislativo hubiera corregido esta situación a través de la Ley de Propaganda Gubernamental.
De su lado, el consejero Javier Santiago consideró que el desacato a una autoridad que dictó una medida cautelar de manera dolosa se debe sancionar con una multa mayor y por ello propuso que ésta se elevara a 89.4 millones de pesos.
Lo anterior, explicó, dada la rentabilidad electoral que le generará esta campaña inequitativa al Partido Verde para logar que sus prerrogativas se eleven como consecuencia de un mayor porcentaje de la votación total.
El representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez, expuso que esta transgresión de la norma electoral del Partido Verde y las exhibidoras de películas es apenas la punta del iceberg de una campaña electoral anticipada.
En tanto, el representante del PVEM, Jorge Herrera, acusó al consejero Ciro Murayama de haber dado la orden al titular de la Unidad de lo Contencioso de la multa a su partido, la cual calificó de “irrisoriamente ilógica” y aseveró que los legisladores pueden informar sobre sus labores.
Sostuvo que su partido en ningún momento desacató la medida cautelar dictada por el órgano electoral, toda vez que solicitó que se bajaran los promocionales, por lo que ante la injusta sanción recurrirán al Tribunal Electoral federal para que intervenga en este asunto.
El representante de Morena, Horacio Duarte, consideró que más que elevar la multa al Partido Verde se le debería cancelar el registro por incurrir en una reiterada violación a la normatividad electoral.
A su vez, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Hernández Fraguas, dijo que lo que está en el fondo de la sanción al PVEM está la intención de detener su crecimiento, que supera la línea de flotación de varias institutos políticos.
Manifestó que todos los partidos tienen la misma posibilidad de promocionarse y citó el caso de Andrés Manuel López Obrador, quien antes, durante y después de las campañas de 2012 ha llamado a votar por él, sin que ello fuera considerado como actos anticipados de campaña.