A unos días de que se emita el fallo de la primera licitación de frecuencias de televisión abierta en el país, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene la certeza de que cumplió al diseñar un proceso adecuado y transparente que derivará en una mayor competencia, aseguró la integrante del órgano regulador, María Elena Estavillo.
La funcionaria enfatizó que desde la emisión de la convocatoria, bases y todas las etapas del proceso de licitación, el pleno del IFT tuvo como prioridad generar condiciones favorables para los nuevos jugadores en el mercado.
“Hemos estado tomando decisiones con el ánimo de que haya una buena competencia y que los nuevos jugadores tengan condiciones para crecer; nuestro objetivo ha sido generar apertura y crecimiento eliminando barreras de entrada”, señaló en entrevista con Notimex.
Todo ello, continuó, para que las audiencias tengan a su alcance nuevas alternativas en términos de contenidos, entretenimiento, información, opiniones, e incluso publicidad, lo cual sólo puede darse a través de una mayor competencia.
Dijo que la participación de pocos interesados en las 246 frecuencias para televisión abierta digital fue uno de los escenarios previstos por el Instituto, ya que existen factores como las perspectivas económicas del país y el desempeño del propio mercado que inciden en las decisiones de los empresarios.
“Nosotros estimamos que éste fuera uno de los escenarios y por esa razón diseñamos la licitación como se hizo, con una entrega de posturas desde el momento de haber solicitado la calidad de participantes; eso se hizo para cuidar la competencia dentro del proceso y para favorecer las mejores posturas”, insistió.
En ese sentido, la funcionaria confió en que el próximo 11 de marzo, cuando se realice la sesión de apertura de los sobres que contienen las posturas económica y de cobertura, habrá propuestas favorables al objetivo de incrementar la competencia y beneficiar a los televidentes.
“El objetivo es que se asignen esas frecuencias, lo que queremos es que se usen en beneficio de la población; en una segunda estancia se podría ver que sea una postura económica atractiva, pero lo que se privilegiará es la propuesta de cobertura, que las audiencias tengan más ofertas de contenidos”, argumentó.
En opinión de Estavillo, el o los nuevos concesionarios enfrentarán retos importantes como el despliegue de infraestructura y la generación de contenidos atractivos que puedan competir con las dos grandes televisoras del país.
“El despliegue de infraestructura es un reto importante, y en parte por eso fue que desde que declaramos a Grupo Televisa agente económico preponderante en el sector de radiodifusión, le impusimos la obligación de dar acceso a su infraestructura pasiva como una forma de eliminar barreras de entrada”, explicó.
La oferta de contenidos, añadió, es un elemento clave para competir con Grupo Televisa y Televisión Azteca, que en su conjunto concentran directa o indirectamente 95 por ciento de las concesiones, 96 por ciento de la audiencia y 99 por ciento de los ingresos por publicidad, asociados con la televisión abierta comercial.
“Desarrollar contenidos y tener una oferta atractiva para atraer audiencias es otro reto, pues un nuevo competidor tiene que instalarse, ser reconocido y que la gente esté dispuesta a conocer algo nuevo. Tendrán que hacer una propuesta innovadora muy atractiva y conocer bien a las audiencias para atraerlas”, añadió.
Este jueves 11 de marzo, el Ifetel y un fedatario público realizarán la sesión de apertura de los sobres que contienen las posturas económica y de cobertura de Cadena Tres y Grupo Radio Centro, con la presencia de un testigo social y hasta con dos representantes por participante.
De acuerdo con las bases del proceso de licitación, la oferta de cobertura que presentaron los interesados ante el Instituto debe agrupar las localidades obligatorias a servir asociadas a las zonas de cobertura necesarias para la formación de una o dos cadenas nacionales.
Asimismo, la oferta económica deberá ser igual o superior al valor mínimo de referencia para una o dos cadenas nacionales, cuyo monto es de 830 millones de pesos, por cada una.