Luego de más de ocho meses de ocurridos los hechos donde 22 personas fueron asesinadas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el titular de la Procuraduría estatal informó que se ha iniciado a recabar las declaraciones de todos los funcionarios públicos que participaron en lo sucedido el pasado 30 de junio del año pasado.
Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la PGJEM, aseguró en entrevista con 24 HORAS que no será hasta contar con todas las declaraciones para que se finquen responsabilidades y se inicie proceso contra algún funcionario público.
Detalló que son más de 20 servidores quienes están bajo indagatoria, quienes van desde los peritos médicos, forenses, los agentes del Ministerio Público y policías ministeriales.
El funcionario dijo que una vez que fue posible ampliar las declaraciones de las tres mujeres testigos de los hechos, se pudo “trazar la forma en la que vamos a llevar los interrogatorios y contrainterrogatorios de nuestros funcionarios, ya una vez hecha esa diligencia hemos iniciado con el proceso de declaraciones de todos los servidores públicos que tuvieron intervención en Tlatlaya independientemente de la actividad que realizaron”.
Descartó que en corto plazo se pudiera definir algún tipo de responsabilidad administrativa o penal, debido a la cantidad de personas involucradas y le proceso de cruzar la información de las declaraciones de otros funcionarios sobre el caso.
“Es necesario que de lo que va surgiendo lo crucemos con las declaraciones que han hecho otros funcionarios, no podemos consignar luego de tener la declaración, es todo un proceso”.
Sólo dos testigos aceptaron ayuda
Gómez Sánchez refirió sobre el cumplimiento de las recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para las tres testigos de los hechos, que sólo dos han aceptado los apoyos de la dependencia, y la tercera cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se ha negado a tener contacto con la PGJE.
“Hemos avanzado en la parte de la atención a las víctimas, particularmente con dos de las tres mujeres que fueron testigos, con quienes tenemos una mayor interacción, quienes nos han permitido ofrecerles y darles la terapia psicológica, los apoyos en materia de educación para sus hijos, servicios de salud.
“Las dos han ampliado sus declaraciones, la otra persona no ha querido colaborar porque tiene medidas cautelares que puso al CIDH y entonces no nos hemos podido acercar a ella, le hemos ofrecido los servicios pero ella no ha accedido a esto”, explicó.
En general, el funcionario informó que se han acatado los requerimientos del organismo de derechos humanos y sólo ha quedado pendiente la fecha para la impartición de un curso en la materia, el cual prevé se concrete una agenda para esta semana con la CNDH.
“Acabamos de enviar el segundo informe de avance en el cumplimiento de las recomendaciones del caso Tlatlaya. Ya se impartieron los cursos, estamos por iniciar una segunda etapa del curos que preservación del lugar de los hechos y protocolos de investigación para agentes del MP, policías y peritos con el INACIPE. Estamos pendiente que la Comisión nos defina la fecha de un curos de derechos humanos, y espero que esta semana nos den el periodo respectivo para avanzar en esa parte. Estamos trabajando para definir los mecanismo adecuados para la indemnización respectiva”, afirmó.