El director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz, aseguró que la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) servirá para reducir la polarización social que hay debido al caso Iguala, el cual trata de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.

 

“Se ha creado una polarización entre quienes pensamos que la Procuraduría no ha hecho un buen trabajo, que no ha agotado unas líneas de investigación y el discurso de la PGR que dice que se ha hecho todo lo posible. Ahora el grupo puede revisar el expediente y estará de alguna manera brindando certeza ante la gente que hemos criticado la investigación”, dijo.

 

Para Quiroz, lo más importante es que el gobierno les de las facilidades para cumplir con su encomienda, la cual incluye la evaluación de las acciones realizadas por el Estado y el apoyo en la elaboración de planes de búsqueda de las personas desaparecidas; análisis de las acciones llevadas a cabo en la investigación; evaluación de las demandas y necesidades de las víctimas; y realizar recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desaparecidas en México y atención a las víctimas.

 

El equipo está integrado por el español Carlos Beristain, experto en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos; Ángela Buitrago, abogada colombiana experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; Francisco Cox Vial, abogado chileno que ha fungido como asesor de la CIDH, Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, experta en investigación del crimen organizado y violaciones de derechos humanos; y Alejandro Valencia Villa, jurista colombiano consultor de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

 

Aunque no hay plazos forzosos, el grupo prometió entregar dos informes, uno con los avances de la investigación dentro de tres meses y otro con carácter de final que podría estar listo en seis meses.

 

Fue el mismo gobierno de la República el que solicitó la asistencia de la CIDH, esto conforme a los acuerdos que signó el presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los normalistas el 29 de octubre de 2014.

 

El acuerdo entre la CIDH y el gobierno mexicano se formalizó el 18 de noviembre con la firma de los acuerdos para la creación del Grupo de Expertos, el cual se conformó el 16 de enero, comenzando su visita el 1 de marzo.

 

El Grupo de Expertos lleva una semana en México, y en estos día se han reunido con los padres de los jóvenes desaparecidos, con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la procuradora Arely Gómez y con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

 

Reunión con diputados

 

Los integrantes de la comisión especial que le da seguimiento al caso de desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, se reunirá pasado mañana con el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

 

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT), integrante de este grupo de trabajo, dio a conocer que este miércoles a las 09:00 horas recibirán a los expertos de la CIDH en San Lázaro a fin de mantener una coordinación de información.

 

“El objetivo de la reunión es que la Comisión Especial trabaje en coordinación con el Grupo de Expertos para establecer una línea de comunicación permanente para intercambio de información sobre los avances de las investigaciones”, señaló.

 

“Este grupo de expertos está en México para la elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y análisis técnico del plan de atención integral de las víctimas” recordó.

 

Informe

 

 

La única comisión especial de la Cámara de Diputados que podría quedar con vida –ya que se perfila desaparecer las otras 36 restantes— entregará esta semana su segundo reporte preliminar de actividades.

 

En él informe, los legisladores exponen que en varias ocasiones han tratado de fijar, sin éxito, una reunión con los familiares afectados por los hechos que se registraron la noche del 26 de septiembre del año pasado.

 

“A la fecha no hemos tenido respuesta alguna. En este sentido, es evidente que aún persiste desconfianza de las víctimas y de sus representantes frente al aparato del Estado en su conjunto”, detalla el documento que signa el presidente de la comisión, Guillermo Anaya.

 

Senado perfila Ley General de Desaparición Forzada

 

La senadora del PRD y presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, anunció que se está trabajando en la creación de una iniciativa de Ley General en materia de desaparición forzada e involuntaria, que a través de la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda y de un Banco Nacional de Información Genética permita sistematizar la búsqueda de personas no localizadas.

 

Luego del llamado realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales cómo la ONU y Amnistía Internacional para que el legislativo trabaje en la creación y elaboración de una Ley General en la materia, la legisladora informó a 24 HORAS que se está delineando un proyecto a fin de que se articule en los tres órdenes de gobierno una sola estrategia que permita la localización de los desaparecidos.

 

Según lo detalló, se buscará definir el tipo penal del delito, así como la diferencia entre la desaparición forzada y la involuntaria; establecer mecanismos nacionales únicos de búsqueda; establecer la declaración de ausencia con un solo protocolo en todo el país; además de crear un Sistema Nacional de Búsqueda y un Banco Nacional de Información Genética para una correcta localización de desaparecidos.

 

“Tenemos cuando menos 20 mil desaparecidos y sus familiares deben saber dónde están, deben tener acceso a la verdad y a la justicia y eso nos obliga necesariamente a hacer una ley general que articule a los tres órdenes de gobierno, para que con corresponsabilidad y coadyuvancia, se garantice una correcta búsqueda de las personas desaparecidas”, declaró.

 

Por su parte, la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), habló sobre la urgente necesidad de legislar en materia de desaparición forzada de personas, al reconocer que este es un problema que ha México “lo ha dejado mal calificado”.

 

En ese sentido, sostuvo que existen condiciones para que todos los grupos parlamentarios trabajen conjuntamente en un proyecto general sobre desaparición forzada. “Nosotros tenemos trazos al respecto, pero creo que lo necesario es construir una iniciativa consensada de tal manera que pueda transitar sin mayor complicación y tengamos un marco jurídico que visibilice este asunto. No podemos ignorar los llamados de atención internacional, para que se legisle en esta materia”, señaló.

 

Por separado, la panista Adriana Dávila, quien también es secretaria de la Comisión que atiende los temas sobre derechos humanos, coincidió en la importancia de responder a las exigencias relativas a la aprobación de un ordenamiento sobre las personas no localizadas y confió en que en el periodo ordinario en curso, se pueda trabajar en este tema.

 

“Necesitamos primero tener información precisa, concreta y específica y definir responsabilidades de gobiernos municipales, estatales y federal en un tema tan delicado como la desaparición forzada. Es fundamental que ya este periodo podamos avanzar en el Senado. Yo esperaría que en la Cámara de Diputados hagan también lo propio”.