La diputada Leticia López urgió a los Senadores aprobar la minuta de la Ley contra la trata de personas que está atorada en la Cámara Alta desde hace cinco meses donde se tipificarán delitos de explotación como la maternidad subrogada.
Durante la presentación del libro Maternidad subrogada. Explotación de Mujeres con fines reproductivos la diputada dijo que en la Ley de Trata de Personas se prohíbe esta práctica ya que se aprovechan de las mujeres de bajos recursos al tratarlas como incubadoras sin ningún tipo de garantías de salud para ellas o los niños.
Uno de los autores del libro, Marcelo Barteloni, dijo que pese a que hay casos de buena voluntad para ayudar a parejas sin hijos, la mayoría son de explotación en contra de las mujeres, lo cual convierte la actividad en trata de personas al convertirlas en objetos de consumo.
Como actividad sin regulación, no hay datos oficiales sobre este tipo de maternidad en México, pero lo que se sabe es que predomina en países en desarrollo como India, donde estimaciones indican que el valor del mercado es de 2.5 millones de dólares al año.
También hay casos documentados de hospitales en Estados Unidos que buscan a mujeres de escasos recursos de origen latinoamericano, incluidas mexicanas, para ofrecerles rentar su vientre por 35 mil pesos, pero estos nosocomios cobran a las parejas que quieren hijos hasta 135 mil dólares, lo que según Barteloni demuestra que en realidad se busca el lucro económico, no la ayuda social.
Sólo hay cuatro casos de maternidad subrogada registrados en el Instituto Nacional de Peritonatología que fueron atendidos por las autoridades debido a que hubo problemas con la madre embarazada. En dos de ellos la mujer pidió mayor compensación por el embarazo, en otro hubo un aborto y en el último se abandonó a la madre biológica y el niño porque los costos de atención aumentaron.
La abogada Ingrid Tapia añadió que esta actividad es un abuso contra las mujeres de bajos recursos, pues son ellas quienes se rentan para esto sin ningún tipo de garantía médica en caso de contraer alguna enfermedad durante el embarazo e incluso con el riesgo de quedar abandonadas a la mitad de la gestación.
En nuestro país hay tres entidades que ya legislaron sobre esta práctica: Sinaloa y Tabasco para regularla en parte y Coahuila para prohibirla.