El gobierno de México rechazó que la tortura sea una práctica generalizada en el país, aunque reconoció que enfrenta el reto de erradicar estos abusos.

 

El embajador mexicano ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza, Jorge Lomónaco, descalificó las conclusiones del relator especial Juan Méndez, debido a estuvieron basadas en la documentación de 14 casos, de los cuales el 95% han sido atendidos.

 

“No podemos compartir una aseveración como la que propone el relator en el sentido de que la tortura es una ‘práctica generalizada’ en el país, ya que no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica, una cultura de respeto a los derechos humanos”, dijo Lomónaco durante el diálogo que sostuvo con Méndez en el marco del 28 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

 

“El Relator pudo constatar, a través de las reuniones que sostuvo con cerca de cien servidores públicos de alto nivel la voluntad y el compromiso del Estado mexicano por cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, subrayó el embajador.

 

Lomónaco invito a Méndez a continuar con dicho ejercicio de documentación, a fin de que se pueda “asegurar el acceso pleno a la justicia de las respectivas víctimas de violaciones a los derechos humanos y fincar las responsabilidades correspondientes a los autores”.

 

Sin embargo, el informe del Relator de la ONU, denunció también fallas sistemáticas en el aparato gubernamental de justicia en México y recomendó acciones para asegurar la presunción de inocencia.

 

Recientemente, la ONU también colocó a México entre los 30 países con mayores violaciones de derechos humanos y, junto a Venezuela, son los países que registraron más casos en América Latina, de acuerdo con un informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

 

Representantes de la ONU también han hecho hincapié que violaciones a derechos humanos, como la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre pasado, perpetrada por el crimen organizado y policías municipales, no son hechos aislados y son un problema común para las autoridades mexicanas.