Eduardo Medina Mora, dijo aceptar las críticas que se han desatado por su postulación como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, nuevamente se deslindó de algunos casos en los que la oposición le ha adjudicado la responsabilidad como Rápido y Furioso.

 

Durante su comparecencia ante senadores después de que avalaran su elegibilidad para el cargo de dejara Sergio Valls tras su muerte, el embajador también rechazó tener responsabilidad en el caso de Jacinta Francisco Marcial, pues este fue resuelto antes de su gestión.

 

“Mi actuación ha sido sustentada en la buena fe y el cumplimiento de la ley”, dijo, al mismo tiempo que aseguró, la Corte se debe adecuar a nuevos parámetros de legalidad.

 

La SCJN, detalló, tiene la responsabilidad debe impartir justicia con apego a principios establecidos en Constitución.

 

Se dijo convencido de poder fortalecer a la Suprema Corte defensora de los derechos humanos, más autónoma e independiente, así como imparcial que vea siempre por el bienestar de la sociedad.

 

Horacio Armando Hernández Orozco, otro candidato propuesto por el Ejecutivo, compareció asegurando su posicionamiento principal fue por que en México se respete la pluralidad étnica, así como garantizar y proteger el derecho a la libre expresión.

 

Felipe Alfredo Fuentes Barrera fue el primero en comparecer asegurando que la Corte debe fortalecer la división de poderes, expansión de derechos humanos y el acceso a información, pues se debe recuperar la credibilidad tras la pérdida de confianza en las instituciones.

 

La Corte, dijo, debe de cubrir las características idóneas para hacer valer y respetar el estado de derecho y de interpretar la Constitución en beneficio de la sociedad en su conjunto

 

Expresó que como ministro se asegurará que de que la Corte contribuya a la estabilidad nacional a través de decisiones sustentadas en autonomía e imparcialidad.

 

Confió en que esta institución debe ser el máximo órgano de control político del país y actuar con absoluta independencia para defender Estado de derecho.