El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan E. Méndez, reiteró que en México la tortura es generalizada y se practica en un contexto de impunidad, esto a pesar de que el Gobierno mexicano asegure lo contrario.
“Mi afirmación de que la tortura es generalizada en México se basa en cientos de testimonios que yo mismo recogí en mis visitas a las cárceles y centros de detención en México, donde casi todos, incluidos niños y niñas, me dijeron que habían padecido actos de brutalidad durante su detención”, dijo en conferencia de prensa celebrada en Ginebra, Suiza.
Méndez justificó el uso del término “generalizada” porque durante su visita a México, del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, pudo establecer que la tortura es cometida por todas las fuerzas de seguridad, Marina, Ejército, Policía Federal y las procuradurías, tanto al nivel federal como estatal.
El lunes pasado, el relator presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU su informe “La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Misión México”, donde concluye que los tres niveles de gobierno utilizan la tortura para castigar u obtener confesiones o información.
En la misma sesión en el comité, el embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, rechazó la versión al afirmar que el informe de Méndez carecía de sustento en la realidad pues sólo se pudieron acreditar 14 casos, de los cuales el 95% ya fueron atendidos por las autoridades.
Ante las declaraciones del diplomático mexicano, Méndez respondió que México debe de darse cuenta de que tiene un severo problema con la tortura, esto en el contexto del combate contra el crimen organizado.
“El hecho de que estén combatiendo el gran desafío del crimen organizado en muchos estados debería ser una razón aún más poderosa para no caer en la tentación de cometer excepciones a la prohibición de la tortura. En todo caso, deberían combatir el fenómeno con un compromiso renovado con el Estado de derecho y la prohibición de la tortura”.
Los casos de tortura ocurren entre las primeras 24 y 48 horas tras la detención, esto es antes de que se presente a la persona ante el Ministerio Público. Ahí los elementos de seguridad dan descargas eléctricas, simulan ahogamientos y agreden verbalmente con el objetivo de obtener confesiones.
“Ponen el carro delante de los bueyes. Si llevaran a cabo el proceso como se debe, pedir autorización a un juez, obtener una orden de detención y después detener, se evitarían muchos casos de malos tratos y las evidencias obtenidas de la detención tendrían más validez”, indicó.
Urge CIDH aprobar Ley sobre desaparición forzada
Expertos del grupo interdisciplinario de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se comprometieron ante diputados federales a trabajar con absoluta objetividad e independencia para ayudar a esclarecer el caso Ayotzinapa.
Asimismo, los especialistas ofrecieron elementos para enriquecer la reforma sobre desaparición forzada que se analiza en el Congreso, a fin de homologar y tipificar este delito en nuestro país.
“Hay muchísimos problemas porque hay un tipo estatal, un tipo federal, varía de estado a estado y ese es un punto primordial, fundamental y que esa tipificación, por supuesto, que se adecue a los estándares internacionales y las recomendaciones que ya ha habido sobre el tema por el grupo de expertos o entidades nacionales”, dijo Claudia Paz, integrante de este grupo de la CIDH.
Explicó que con base en casos registrados en otros países, como Colombia y Brasil, la nueva legislación mexicana debe contar con protocolos de búsqueda 72 horas posteriores a la desaparición, planes de investigación y, particularmente, de reparación del daño.
“Los protocolos de búsqueda son importantes, ya que las acciones inmediatas luego de una desaparición son cruciales para el éxito de encontrar a las personas con vida y si no hay una buena comunicación, coordinación, competencia estatal, competencia federal, se pierde un tiempo para el esclarecimiento de los hechos”, dijo en entrevista.
Los legisladores entregaron a dicho grupo internacional, el contenido de todos los informes que ha presentado la comisión que da seguimiento a este caso, así como de las distintas iniciativas de reforma de Ley que se analizan en la materia.