Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; Estudios Legislativos Segunda y de Gobernación del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se prevé que el próximo miércoles, en sesión ordinaria, este proyecto sea finalmente discutido y votado por el Pleno.
Con más de un mes de retraso, las Comisiones Unidas avalaron y enviaron al Pleno –donde se le dio primera lectura- el ordenamiento complementario de la reforma constitucional en materia de transparencia aprobada en noviembre del 2013, por el que se establecen las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; regula los medios de impugnación; establece las obligaciones de todos los sujetos obligados a entregar información; y determina un catálogo de sanciones y multas por incumplimientos.
En el producto legislativo de 215 artículos finalmente se avaló facultar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), abrir toda la información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, aun cuando no exista pronunciamiento previo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Se establece, entre otros puntos, que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial estarán obligados a transparentar los recursos públicos que administran o manejan. De igual forma, los fideicomisos, sindicatos y partidos políticos, serán sujetos obligados de esta reglamentación.
En materia de sanciones se prevén multas de 150 hasta mil 500 veces el salario mínimo general (entre 10 mil 500 a 105 mil 150 pesos), contra aquellos servidores públicos que nieguen información no reservada, incumplan plazos de entrega, ofrezcan información incompleta, así como por declarar inexistente información que deba ser generada.
Se incluyó también la posibilidad de conocer el nombre de los contribuyentes que se les hayan condonado o cancelado créditos fiscales.
Respecto a las reservas de información, se facultó al consejero jurídico de la Presidencia de la República a promover recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando, por motivos de seguridad nacional, se reserve información.
Al discutir el dictamen, la priista Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó que esta ley garantizará a los ciudadanos el acceso pleno a la información y abonará a que se tenga un gobierno abierto y transparente.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el senador de la bancada del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que “logramos un buen producto legislativo” sin embargo, agregó que este tendrá que pasar la prueba de la implementación.
Por el PAN, Laura Rojas Hernández, integrante de la Comisión Anticorrupción, calificó como un logro histórico la creación de este proyecto de ley, que afirmó, responde a los estándares más altos de transparencia.
Pese a este importante avance, aún faltan tres leyes más para hacer aplicable la reforma constitucional del 2013, en la materia: la Ley Federal de Acceso a la Información, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos.