La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) informar de manera detallada sobre el destino de 30 mil millones de pesos del presupuesto para la educación durante los años 2009 y 2010.

 

Al otorgar el amparo a la organización civil Mexicanos Primero o Aprender Primero, se le reconoció su interés legítimo, en éste caso, a demandar el esclarecimiento del destino de dichos recursos presuntamente desviados a fines distintos de la educación.

 

Estimó que en su informe la ASF no justificó  que hubiesen agotado las acciones necesarias para cumplir con las facultades de fiscalización de recursos en materia de educación, situación que impactó en la efectividad de ese derecho de la infancia.

 

Por ello, y para restituir el daño, se solicitó a la Auditoria  que demuestre que ya realizó todas las acciones necesarias para el ejercicio de sus facultades, o en su caso, de no haberlo hecho, las lleve a cabo.

 

Al respecto,  el abogado Claudio Xavier González, presidente de Mexicanos Primero, denunció que la demanda es sobre el ejercicio de los recursos en los años 2009-2010, y de acuerdo con Mexicanos Primero, se presume que fueron alrededor de 30 mil millones de pesos los que fueron desviados, principalmente para pagar sueldos de aviadores.

 

Así la Corte reconoció -por primera vez en la historia jurídica de México-, el interés legítimo de una organización civil a demandar justicia en materia educativa y, en representación de los afectados, reclamar la reparación del daño y el castigo penal para los responsables.

 

Sin embargo, sobreseyó el amparo en lo relativo a la responsabilidad administrativa de la Cámara de Diputados, Secretaria de la Función Pública (SFP) y Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre el  Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y del Ramo 25.

 

Por ello, no desechó la idea que en un futuro se pueda responsabilizar e incluir en la demanda a dichas instancias gubernamentales que tienen un papel preponderante en la designación, supervisión y  fiscalización de los recursos económicos.

 

Desde 2013, la organización interpuso el juicio de amparo a través de una figura jurídica conocida como “interés legítimo” que quiere decir que un ciudadano tiene la posibilidad de presentar un amparo cuando se afecten intereses colectivos.

 

En este caso, Mexicanos Primero denunció la corrupción por desvío de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB), la bolsa que el gobierno federal entregaba a los estados para que pagaran la nómina salarial y operaran las escuelas federales.